Trampas a la verdad e historia oficial
Miércoles, 04 de Abril de 2012
Miércoles, 04 de Abril de 2012
Atribuir
a las guerrillas más acciones contra la población civil de las que
comete y maquillar la actuación de la Fuerza Pública o de los grupos
paramilitares sólo puede tener un propósito: negar la verdad de lo
ocurrido y configurar otra historia, una historia oficial.
Al mejor estilo del segundo de los 10 preceptos de la propaganda de guerra, “el enemigo es el único responsable de la guerra” (ver recuadro) el país ha sido testigo de reiterados intentos oficiales por manipular la realidad. Desde el sonado caso del collar bomba hace más de una década hasta el reciente fallo sobre los hechos de Santo Domingo (Arauca), una sombra de duda se cierne sobre las acciones que ocurren y de inmediato, a través de declaraciones públicas de autoridades civiles o de la fuerza pública, son atribuidas a las guerrillas (farc y eln) para luego rectificar en voz baja, silenciar o desviar las investigaciones cuando éstas comprometen al Estado o a los grupos armados que actúan bajo la connivencia de agentes oficiales.
Las manipulaciones son dicientes. En marzo de 2012, un fallo judicial intentó contradecir actuaciones previas de la justicia nacional e internacional, que ya habían confirmado la responsabilidad de la Fuerza Aérea Colombiana en la masacre de Santo Domingo, ocurrida el 13 de diciembre de 1998, en la cual murieron 17 campesinos víctimas de un bombardeo. En una actuación poco clara, el juzgado especializado de Arauca había condenado a Germán Suárez Briceño, alias “Granobles”, comandante del décimo frente de las farc, por este hecho. El juez incluyó a civiles víctimas del bombardeo de la fuerza aérea dentro del caso que en realidad estaba investigando: la muerte de nueve soldados durante un enfrentamiento con las farc, ocurrido días antes del bombardeo. Finalmente, el Tribunal Superior de Arauca anuló este fallo, dejando al descubierto el intento de falsear la verdad sobre los hechos.
Este intento de manipulación no es aislado. En febrero de 2012 el país entero volvió su mirada sobre la población de Tumaco a raíz de los atentados que le costaron la vida a más de una decena de civiles y dejaron heridos a más de 70. La tragedia dejó al descubierto la situación de pobreza y abandono estatal, y el dominio de las estructuras armadas ilegales de esta zona del país. El atentado, según el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, fue el producto de una actuación conjunta entre las farc y la banda criminal “los rastrojos”, heredera de los grupos paramilitares. La respuesta estatal fue aumentar el pie de fuerza, innecesario según la comunidad, la misma que denuncia que la carga explosiva de 40 kilos salió del barrio Viento Libre de donde sólo se sale pasando por un control de la Armada y otro de la Policía.
En 2005, el atentado contra el hoy ministro de Gobierno Germán Vargas Lleras fue atribuido casi de inmediato a las farc por el entonces director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Años después, en 2011, los mismos archivos de la entidad revelaron que tanto los explosivos como la información para el atentado comprometían al DAS y no a las farc.
Cinco años antes, en mayo de 2000, y en medio del proceso de paz con la guerrilla de las farc, la señora Elvia Cortés fue víctima de un hecho atroz: un delincuente le sujetó un collar-bomba al cuello y exigía 15 millones de pesos para retirárselo. La mujer y uno de los agentes murieron cuando intentaban desactivar el artefacto. El hecho fue atribuido a esta guerrilla, pero días después el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), de la Fiscalía, señalaba que no había certeza sobre la identidad de los autores. Un mes más tarde, la Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento contra José Miguel Suárez, integrante de una banda de delincuencia común de la zona. Once años después la Fiscalía solicitó condena por este caso.
La paz perdida entre la propaganda
Estos
montajes mediáticos, con componentes judiciales y de inteligencia,
buscan grabar en el imaginario colectivo la idea de un “enemigo
execrable […] que tiene el rostro del diablo”, tercer principio del
decálogo de la propaganda de guerra.
Como lo señala el investigador Óscar Fernando Sánchez, quien analiza los 10 preceptos de la propaganda de guerra a la luz de la realidad colombiana en su libro La fábrica del consentimiento uribista, “esto deriva en la legitimación de un lenguaje y unos calificativos que van en el sentido contrario a un camino de paz que, paradójicamente, reclaman todos los que lo usan”. La población civil ha sido la principal víctima de esta lógica. Es el triste saldo de un conflicto armado que no encuentra salida por la vía de la guerra.
El reto se va haciendo claro. Para avanzar por el camino de la paz y hacia un escenario de auténtico posconflicto, es necesario reconocer que el Estado, garante de los derechos humanos, los ha violado de manera sistemática durante más de cinco décadas. Negarlo implica retrasar o impedir procesos históricos de verdad, justicia y reparación que permitan sanar las heridas, entender las causas y las lógicas que le dieron base al conflicto armado en Colombia, y que lo mantienen vivo, lejos de un posconflicto.
Recuadro- Los diez preceptos de la propaganda de guerra:
- “Nosotros no queremos la guerra”
- “El enemigo es el único responsable de la guerra”
- “El enemigo es un ser execrable… tiene el rostro del Diablo”
- “Pretendemos nobles fines” (ocúltense los verdaderos objetivos de la guerra)
- “El enemigo comete atrocidades voluntariamente. Lo nuestro son errores involuntarios”.
- El enemigo utiliza armas no autorizadas”
- “Nosotros sufrimos pocas pérdidas. Las del enemigo son enormes”
- “Los artistas y los intelectuales apoyan nuestra causa”
- “Nuestra causa tiene un carácter sagrado, divino o sublime”
- “Quienes ponen en duda la propaganda de guerra son unos traidores”
En: http://desdeabajo.info/component/k2/item/19509-trampas-a-la-verdad-e-intento-por-reconstruir-la-historia-oficial.html
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La "Espada de Honor" y la guerra de los pobres
23 de Marzo de 2012
Tres minutos, 10 aviones y algunos helicópteros se necesitaron para bombardear la zona donde se encontraba un campamento guerrillero de las farc y matar a 33 de ellos, según afirmó el comandante de la Fuerza Aérea, Tito Saúl Pinilla. En dicho campamento, ubicado en la zona rural de Arauquita, departamento de Arauca– se encontraban –según el reporte gubernamental– algunos de los autores del ataque contra 11 soldados regulares del Ejército colombiano, ocurrido el pasado sábado 17 de marzo.
De acuerdo a estos reportes, a las 8 de la mañana del día miércoles 21 de marzo la cifra era de 24 muertos y 10 heridos. Horas más tarde, ya se hablaba de 33 guerrilleros muertos. Los cuerpos trasladados inicialmente a las instalaciones de la Décima Octava Brigada, se encuentran en medicina legal del municipio de Arauca, donde avanza el proceso de identificación. Por su naturaleza, los bombardeos no garantizan que queden ilesos habitantes y construcciones civiles.
Con el ataque efectuado, clara retaliación dentro de una guerra que no parece dar espacio a las alternativas para ponerle fin, la llave de la paz se le salió de un bolsillo roto al presidente Santos, quien no ocultó en twitter la alegría por lo sucedido: "Gran golpe a las farc en Arauca donde nos mataron nuestros soldados. Van 24 muertos y 10 capturados. Felicitaciones a nuestras fuerzas."
Horas más tarde, el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, desmintió esta versión, asegurando que se trataba de un operativo de inteligencia iniciado en el mes de diciembre, dentro de la operación “Espada de Honor”.
La guerra asciende a sus extremos. Sin pudor, las fuentes oficiales “celebraron” su acción de armas ante el país, y los medios de comunicación toman partido, dividiendo los muertos entre “Bajas” y “Asesinatos” y los hechos entre “operación” y “masacre” haciendo olvidar a la opinión pública que tanto los soldados como las y los guerrilleros muertos son personas, colombianas y colombianos humildes, devorados por la maquinaria de la guerra y, muchas veces, conducidos a ella por la fuerza.
Moviendo las pasiones desatadas por la propaganda que condena sólo a un actor de la guerra, el ataque militar quiso ocultar las voces que se alzan a favor de la objeción de conciencia y de la paz por la vía del diálogo.
Sin límite al reclutamiento forzado
En una clara acción de propaganda de guerra, la operación “Espada de honor” buscó justamente opacar las críticas al reclutamiento forzado por parte del Estado, a través del servicio militar obligatorio, que se hicieron oir a raíz de los hechos de Arauquita, cuando el mismo interrogante que sostienen desde hace décadas objetores y objetoras de conciencia volvió a las mentes y los corazones de las mayorías: ¿Cómo es posible que un Estado sea capaz de obligar a sus jóvenes de estratos bajos a ir a la guerra? Según el profesor y analista Carlos Medina Gallego, anualmente mueren 1.600 integrantes de las guerrillas y 2.000 soldados en la guerra. ¿Hasta cuándo?
En: http://desdeabajo.info/component/k2/item/19447-la-%E2%80%9Cespada-de-honor%E2%80%9D-y-la-guerra-de-los-pobres.html
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A callar las armas
Miércoles, 18 de Agosto de 2010
Colombia será sede de este Encuentro entre el 16 - 23 de agosto de 2010. La creciente militarización de las relaciones Estados Unidos-Latina tiene raíces viejas y un vínculo directo con despojo de territorios, explotación de recursos naturales, violaciones de derechos humanos, imposición de su modelo económico y derechos de los pueblos con efectos diferenciados para las mujeres. Este será el eje del Encuentro, que busca trazar una agenda de trabajo hacia la desmilitarización de las Américas.
El rapto de las sabinas cuenta que los romanos secuestraron a las mujeres de la tribu de los sabinos y luego ellos, en venganza, atacaron a los romanos, generando cruenta guerra. El relato mitológico describe la práctica antigua que perdura en los conflictos armados de considerar a las mujeres como un botín de guerra.
Ante las mujeres, las armas sirven para matar, herir, violar, comprar, ejercer control sobre su vida sexual y afectiva, su manera de vestir, sus costumbres y su participación social y política, en un machismo que se desborda en las guerras y los conflictos armados. Gran parte del mundo está inmerso en este sistema patriarcal, capitalista y guerrerista que se sirve de las armas para controlar a personas, territorios y recursos estratégicos.
En los últimos 20 años, América ha elevado en un 50 por ciento su gasto militar y Estados Unidos sigue a la cabeza, según el informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz (SIPRI), de 2009, que también revela que EU destinó 661.000 millones de dólares al gasto militar, Brasil 261.000, Colombia 10.000, México 5.490, Chile 5.000 y Venezuela 3.254. Después de Brasil, Colombia le sigue en dedicar una mayor parte de su PBI (3,7 por ciento) al gasto militar.
Mientras se gastan enormes recursos con fines bélicos, millones de seres carecen de agua potable, alimentación, salud, educación. Por su condición histórica de discriminación social, política y económica, la negación de derechos tiene efectos más graves para las mujeres, además de aumentar su carga de trabajo doméstico y de cuidado.
Una vieja historia vigente
Las élites estatales siempre justifican la militarización: amenazas reales o imaginarias. El más reciente “listado de enemigos” se acordó en la Cumbre de las Américas (Miami, 1994). Allí se inició la organización de un sistema de seguridad conjunto, ideado por George Bush padre: “Narcotráfico, terrorismo, posesión de armas de destrucción masiva, tráfico de armas, corrientes migratorias, desastres naturales y desbordes religiosos o nacionalistas” fueron amenazas señaladas y acogidas por los 33 gobiernos del hemisferio en esa cumbre. De la mano del odio y el miedo camina la avaricia que despiertan las riquezas continentales: agua, hidrocarburos, biodiversidad, minerales, para los cuales las grandes firmas transnacionales y sus gobiernos cómplices ya han hecho planes.
Así se evidenció en 1995, cuando se realizó en Williamsburg (EU) la primera Reunión de Ministros de Defensa de las Américas, organismo instaurado en la Cumbre de las Américas de 1994, para iniciar el planteamiento del sistema de seguridad conjunto que debía:
a) Imponer una democracia representativa en forma universal; b) Con la denominación de Alca, implantar un sistema neoliberal globalizado que permitiría “detectar cualquier síntoma de inestabilidad en la región”; c) Comenzar el entrenamiento de fuerzas con ejercicios combinados, para “afianzar la seguridad en forma colectiva” y establecer bases militares, de modo que los efectivos pueden controlar sin grandes desplazamientos las zonas con disponibilidad de recursos naturales estratégicos.
Todo a espaldas de la opinión pública, aún hoy carente de cabal información sobre la presencia militar gringa en la región. Un informe del Centro de Estudios Militares para la Democracia (Cemida) afirma que desde aquella reunión de Mindefensas del 95, y con la implementación del ‘plan Colombia’ y la Iniciativa Regional Andina, se instalaron bases militares de EU en Tres Esquinas, Larandia y Puerto Leguízamo en Colombia, la gigantesca de Manta en Ecuador, cuyo acuerdo culminó en 2009, la del Valle de Huallaga en Perú, y otra ya reclamada y devuelta a Brasil de San Pedro Alcántara. Estas se habrían sumado a las de Guantánamo, Roosevelt Roads y Fort Buchanan en Puerto Rico, Palmerola en Honduras, Comalapas en El Salvador, y Curazao y Aruba.
Y el gringo… ¡ahí!
La presencia militar de EU en Nuestra América se da con la instalación o utilización de instalaciones y con el entrenamiento de militares de Latinoamérica en anticomunismo, prácticas de tortura y golpe de Estado. Se cuestiona el rol gringo en el apoyo a unidades militares implicadas en violaciones a los derechos humanos, la presencia de mercenarios que dan entrenamiento a grupos paraestatales, ayudando a degradar y agudizar los conflictos armados internos. Un estudio inédito de la FOR sobre ayuda militar a Colombia y “falsos positivos” muestra que Estados Unidos incumple las prohibiciones de entregar ayuda militar a unidades involucradas en problemas de derechos humanos. La asistencia militar empeoró los ‘falsos positivos’ en un 56 por ciento.
El golpe de Estado en Honduras, organizado desde una base militar estadounidense, la entrada de 7.000 marines a Costa Rica, la reactivación de la Cuarta Flota, la ocupación de Haití bajo el pretexto del terremoto, la construcción del muro infame en la frontera con México, la concesión de nuevas bases militares en Panamá, y la firma del tratado militar entre Obama y Uribe son episodios que evidencian la creciente militarización de las relaciones Estados Unidos-América Latina y los preparativos para una “aventura militar global”, como la llama el analista Atilio Borón. Los alcances de la aventura quedaron al descubierto en la Cumbre de Gobiernos de la Unión de Países del Sur (Unasur) en Bariloche (Argentina, septiembre de 2009), cuando se revelaron detalles del Libro Blanco del Comando Sur estadounidense. “En 2005 la Estrategia Militar Nacional estableció a África como una quinta región de vanguardia, lo cual requerirá capacidad de movilidad significativa para apoyar la aplicación de la Estrategia Militar Nacional”.
Mi cuerpo es mi casa, mi casa es mi territorio
Antes de la cumbre de Unasur, cuando Cambio publicó (julio de 2009) los primeros detalles sobre el Tratado Obama-Uribe, la reacción de éste fue presentarlo como un ‘acuerdo simplificado’, una extensión del ‘plan Colombia’, e insistir en que no son bases militares gringas sino la utilización de instalaciones del país para operaciones estadounidenses. Sólo después de firmado, Uribe dio a conocer el texto, y de inmediato el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas iniciaron el análisis y las acciones jurídicas ante este acuerdo al constatar que violaba la Constitución, la soberanía, la separación de poderes y el ordenamiento jurídico, al no haber sido revisado por el Congreso de Colombia. La Corte Constitucional lo declaró inconstitucional.
La Federación Internacional de Derechos Humanos adoptó una resolución en su 37º Congreso Mundial realizado en Erevan (Armenia). “Sobre la situación de las mujeres y las bases militares” consideró que “la presencia y uso de las bases militares norteamericanas aumentará los riesgos de violencia sexual hacia las mujeres, jóvenes y niñas, como se ha demostrado en casos de violación sexual de niñas menores, en las que se han visto envueltos militares estadounidenses adscritos al Plan Colombia; y en otro caso de elaboración de videos pornográficos donde aparecen mujeres jóvenes de la zona con militares y técnicos estadounidenses”.
Estas preocupaciones se extienden a la violación de derechos humanos que tienen lugar en el largo conflicto social y armado colombiano y que dejan huellas en las mujeres sobrevivientes, como lo documenta la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado en sus informes. Masacres, desaparición forzada, tortura, asesinato de civiles a sangre fría con fines de beneficio, falsos positivos, desplazamiento forzado, y escalonamiento y degradación del conflicto guardan estrecha relación con aquellas doctrinas del “enemigo interno” y de “quitarle el agua al pez” impartidas en la Escuela de las Américas y los diferentes escenarios de entrenamiento militar posteriores.
Tales actividades de ‘entrenamiento’ serían una pieza clave del Tratado según el texto del acuerdo, que enumera actividades que tendrían lugar en las bases: “interoperatividad, procedimientos conjuntos, entrenamiento e instrucción, fortalecimiento de capacidades de vigilancia y reconocimiento, ejercicios combinados y especialmente intercambio de inteligencia”.
Por las interceptaciones y seguimientos ilegales del DAS, el gobierno anunció su reestructuración bajo la asesoría de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). El periodista e historiador Alfredo Molano recordó la negra historia de ésta en operaciones militares que acabaron en golpes de Estado en América Latina y alertó: “El DAS, de un cuerpo de terror al servicio de un gobierno, pasará a ser un órgano de control militar de Estados Unidos en el país, complementario de las siete bases militares”. También abrió al respecto varios interrogantes: “¿Qué impedirá que compatriotas nuestros sean llevados a las bases gringas y usados como conejillos de indias para sus investigaciones sobre los límites de la resistencia humana frente a la tortura? ¿Qué impedirá la existencia de siete Guantánamos en Colombia?”.
Hoy se añade una preocupación que surge de la respuesta del gobierno a un cuestionario del Congreso: “Colombia ya está contribuyendo y planea seguir haciéndolo con entrenamiento a bajo costo y de la misma calidad que el que ofrecen países como Estados Unidos y el Reino Unido. Queremos que las capacidades adquiridas puedan ser puestas a disposición y compartidas con terceros países interesados con el fin de contribuir al interés común de la estabilidad regional” ¿Militares colombianos son hoy ‘multiplicadores’ de la Escuela de las Américas?
Desde la otra orilla
Organizaciones y movimientos sociales opuestos a la militarización han recorrido un largo camino en la resistencia desde finales de los 80, cuando se creó el Observatorio de la Escuela de las Américas (SOA Watch), iniciativa de acción no violenta que nació en un pequeño apartamento a las afueras de la puerta principal del Fuerte Benning, Georgia (EU), adonde fue trasladada la Escuela de las Américas que funcionó desde 1946 en Panamá. El Observatorio realiza vigilia a las afueras de la sede de la Escuela de Golpes o Escuela de Asesinos, como se le ha llamado.
Otro hito en la lucha contra la militarización en el continente fue justo la Cumbre de las Américas (Miami, 1994), cuando se decidió buscar caminos de articulación que concluyeron en la conformación en 1997 de una Alianza Social Continental de organizaciones sociales, desde Canadá hasta la Patagonia para luchar contra el Alca, la deuda externa y la desmilitarización del continente.
Un escenario global para construir la lucha contra la militarización nació en 2001. Se hizo por primera vez el Foro Social Mundial, cita de movimientos sociales mundiales, respuesta al Foro Económico de los mega-ricos en Davos. En el Foro Social Mundial de Nueva Delhi (2004), se lanzó la Coalición No Bases, y en 2010, a los 10 primeros años del Foro, se inició de una campaña continental contra las bases militares en la región: el Foro Social Américas en Paraguay, en agosto.
Con el siglo XXI surgieron nuevas expresiones de la lucha de las mujeres contra la militarización. Una de ellas comenzó con la idea de una marcha mundial de mujeres a consecuencia del éxito de la marcha de las mujeres contra la pobreza realizada en Québec en 1995, cuando por 10 días, más de 800 mujeres recorrieron las calles reclamando viejas y nuevas reivindicaciones económicas. La propuesta de iniciar una Marcha Mundial de Mujeres se confirmó en el encuentro en Beijing (1995), donde se explicitó la decisión de mundializar las luchas por la igualdad, el desarrollo y la paz.
En 2004, en el quinto Encuentro de la Marcha se redactó la carta de las mujeres para la humanidad, que ha viajado por el mundo con el mensaje de paz, justicia, solidaridad, libertad e igualdad. Desde entonces continúa con su trabajo de movilización y fortalecimiento como red, y 2010 es para la Marcha Mundial de Mujeres, el año de su tercera acción global en que se incluye el Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la Militarización, en Colombia.
En Colombia, la lucha contra la militarización busca una solución política del conflicto vivido desde los 50. Los 90 fueron la década de la búsqueda de la paz con papel protagónico de la población civil mediante diversas redes e iniciativas. En 1996, la Organización Femenina Popular, expresión organizada de mujeres de base del Magdalena Medio, acogió como mandato una encuesta entre las mujeres de la región que deja en claro su enorme cansancio de la guerra.
El 8 de marzo de 2002 tuvo lugar una gran movilización de 50.000 mujeres provenientes de todo el país, pertenecientes a diversas expresiones del movimiento femeninos por la paz, con el propósito de elevar su voz y agendas propias en el escenario de la negociación política y para respaldar el proceso que ya daba los primeros síntomas de estancamiento por falta de voluntad política del gobierno y de la guerrilla de las farc.
Los años siguientes llevan el péndulo a la solución militar. Al fracaso de los diálogos del Caguán sigue la euforia de la guerra convertida en política nacional con la ‘seguridad democrática’ en los que se disparan las tragedias humanitarias, así como la militarización territorial y la persecución a la oposición. En medio de este panorama adverso, y desde una cosmovisión propia, la Minga Indígena comenzó a caminar la palabra en 2008, recogiendo cinco siglos de lucha por la vida, la autonomía y la permanencia en el territorio. Su voz creció y se multiplicó hasta convertirse en la Minga de Resistencia Social y Comunitaria.
La propuesta del Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra, y ahora también por la Paz, siguió tejiéndose con participación de diversos sectores, incluyendo los indígenas, sus organizaciones y las organizaciones de mujeres indígenas. Luego de años de trabajo y dos encuentros internacionales, en 2007 el Movimiento decidió construir una política pública de paz que incluya la mirada de la mujer. Así nació la idea de un Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la Militarización, concretado en 2009 ante el anuncio del tratado militar Obama-Uribe. Además, líderes, organizaciones y redes sociales del país emprendieron esfuerzos antitratado. Asimismo, se constituyó el capítulo Colombia de la Coalición No Bases, que desde su creación aporta al análisis, la comprensión y el debate de contenidos y alcances del tratado militar.
Que hablen las mujeres y los pueblos
Motivadas por múltiples razones, mujeres, organizaciones y redes sociales de América Latina decidieron articularse en 2009 para convocar el Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la Militarización. Ellas son: Marcha Mundial de Mujeres, Vía Campesina, Consejo Mundial por la Paz, Proceso de Comunidades Negras, Convergencia de Movimientos Populares de América, Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra y por la Paz, Minga de Resistencia Social y Comunitaria, Coordinador Nacional Agrario, Unión Sindical Obrera (USO), Corporación Compromiso y Corporación Colombiana e Teatro.
El Encuentro se hace en Colombia entre el 16 y el 23 de agosto bajo las consignas “Mi cuerpo es mi casa, mi casa es mi territorio. No entrego las llaves”, y “Que callen las armas para que hablen las mujeres y los pueblos en defensa de la vida y la soberanía”, que reunirán expresiones del movimiento social y de mujeres del continente, “para dar a conocer la crítica situación del conflicto armado y social que afrontamos hoy los pueblos de las Américas y en particular Colombia; afectando nuestros cuerpos, territorios, autonomía y soberanía de las mujeres y los pueblos”. El Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la Militarización espera ser un escenario donde se den cita “la palabra, la organización, la resistencia, la lucha y la movilización que son el espíritu de los procesos que integran nuestras organizaciones”, pero también el arte, la música, la poesía, los símbolos que señalan el rumbo de la vida.
Por una semana tendrán lugar las actividades del encuentro que se inician el 16 de agosto con la llegada de una misión de verificación, compuesta por ciudadanas y ciudadanos de 13 países que visitarán diferentes regiones de Colombia que viven los impactos del conflicto. Al final de la Misión, las delegaciones presentarán un informe para la incidencia y la movilización. El 21 de agosto se dará inicio al Encuentro-Foro de debates en Barrancabermeja (Santander), con una ceremonia de apertura a cargo de la Marcha Mundial de las Mujeres. Luego se dará la bienvenida al Encuentro y se escucharán las ponencias sobre las realidades vividas por mujeres pertenecientes a diferentes sectores sociales y poblaciones. En la tarde se realizarán las sesiones grupales hacia la construcción de una agenda de trabajo para la desmilitarización del continente.
El segundo día, el 22, se intercambiarán las experiencias de los movimientos sociales que acumulan fortalezas y logros ante el modelo de desarrollo neoliberal-militarista en Honduras, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Colombia. En la tarde se leerá la declaración final y la agenda de trabajo.
Para cerrar con la semana de actividades del Encuentro, el 23 de agosto será la Vigilia por la Vida, acto político, simbólico y artístico con participación de expresiones culturales de las regiones del país y una performancia preparada por la Corporación Colombiana de Teatro para esta ocasión.
El mito del rapto de las sabinas termina cuando ellas logran detener el conflicto entre romanos y sabinos, pues ya tenían hijos y esposos romanos, y padres y hermanos sabinos que no querían perder. Las mujeres de América no quieren perder ningún otro ser querido en cruentas guerras diseñadas para mantener órdenes injustos y modelos basados en la explotación de la vida. Como madres, esposas, hijas, hermanas, pero ante todo como mujeres con derechos, quieren para ellas y sus pueblos una vida digna y libre de violencias.
Miércoles, 18 de Agosto de 2010
Colombia será sede de este Encuentro entre el 16 - 23 de agosto de 2010. La creciente militarización de las relaciones Estados Unidos-Latina tiene raíces viejas y un vínculo directo con despojo de territorios, explotación de recursos naturales, violaciones de derechos humanos, imposición de su modelo económico y derechos de los pueblos con efectos diferenciados para las mujeres. Este será el eje del Encuentro, que busca trazar una agenda de trabajo hacia la desmilitarización de las Américas.
El rapto de las sabinas cuenta que los romanos secuestraron a las mujeres de la tribu de los sabinos y luego ellos, en venganza, atacaron a los romanos, generando cruenta guerra. El relato mitológico describe la práctica antigua que perdura en los conflictos armados de considerar a las mujeres como un botín de guerra.
Ante las mujeres, las armas sirven para matar, herir, violar, comprar, ejercer control sobre su vida sexual y afectiva, su manera de vestir, sus costumbres y su participación social y política, en un machismo que se desborda en las guerras y los conflictos armados. Gran parte del mundo está inmerso en este sistema patriarcal, capitalista y guerrerista que se sirve de las armas para controlar a personas, territorios y recursos estratégicos.
En los últimos 20 años, América ha elevado en un 50 por ciento su gasto militar y Estados Unidos sigue a la cabeza, según el informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz (SIPRI), de 2009, que también revela que EU destinó 661.000 millones de dólares al gasto militar, Brasil 261.000, Colombia 10.000, México 5.490, Chile 5.000 y Venezuela 3.254. Después de Brasil, Colombia le sigue en dedicar una mayor parte de su PBI (3,7 por ciento) al gasto militar.
Mientras se gastan enormes recursos con fines bélicos, millones de seres carecen de agua potable, alimentación, salud, educación. Por su condición histórica de discriminación social, política y económica, la negación de derechos tiene efectos más graves para las mujeres, además de aumentar su carga de trabajo doméstico y de cuidado.
Una vieja historia vigente
Las élites estatales siempre justifican la militarización: amenazas reales o imaginarias. El más reciente “listado de enemigos” se acordó en la Cumbre de las Américas (Miami, 1994). Allí se inició la organización de un sistema de seguridad conjunto, ideado por George Bush padre: “Narcotráfico, terrorismo, posesión de armas de destrucción masiva, tráfico de armas, corrientes migratorias, desastres naturales y desbordes religiosos o nacionalistas” fueron amenazas señaladas y acogidas por los 33 gobiernos del hemisferio en esa cumbre. De la mano del odio y el miedo camina la avaricia que despiertan las riquezas continentales: agua, hidrocarburos, biodiversidad, minerales, para los cuales las grandes firmas transnacionales y sus gobiernos cómplices ya han hecho planes.
Así se evidenció en 1995, cuando se realizó en Williamsburg (EU) la primera Reunión de Ministros de Defensa de las Américas, organismo instaurado en la Cumbre de las Américas de 1994, para iniciar el planteamiento del sistema de seguridad conjunto que debía:
a) Imponer una democracia representativa en forma universal; b) Con la denominación de Alca, implantar un sistema neoliberal globalizado que permitiría “detectar cualquier síntoma de inestabilidad en la región”; c) Comenzar el entrenamiento de fuerzas con ejercicios combinados, para “afianzar la seguridad en forma colectiva” y establecer bases militares, de modo que los efectivos pueden controlar sin grandes desplazamientos las zonas con disponibilidad de recursos naturales estratégicos.
Todo a espaldas de la opinión pública, aún hoy carente de cabal información sobre la presencia militar gringa en la región. Un informe del Centro de Estudios Militares para la Democracia (Cemida) afirma que desde aquella reunión de Mindefensas del 95, y con la implementación del ‘plan Colombia’ y la Iniciativa Regional Andina, se instalaron bases militares de EU en Tres Esquinas, Larandia y Puerto Leguízamo en Colombia, la gigantesca de Manta en Ecuador, cuyo acuerdo culminó en 2009, la del Valle de Huallaga en Perú, y otra ya reclamada y devuelta a Brasil de San Pedro Alcántara. Estas se habrían sumado a las de Guantánamo, Roosevelt Roads y Fort Buchanan en Puerto Rico, Palmerola en Honduras, Comalapas en El Salvador, y Curazao y Aruba.
Y el gringo… ¡ahí!
La presencia militar de EU en Nuestra América se da con la instalación o utilización de instalaciones y con el entrenamiento de militares de Latinoamérica en anticomunismo, prácticas de tortura y golpe de Estado. Se cuestiona el rol gringo en el apoyo a unidades militares implicadas en violaciones a los derechos humanos, la presencia de mercenarios que dan entrenamiento a grupos paraestatales, ayudando a degradar y agudizar los conflictos armados internos. Un estudio inédito de la FOR sobre ayuda militar a Colombia y “falsos positivos” muestra que Estados Unidos incumple las prohibiciones de entregar ayuda militar a unidades involucradas en problemas de derechos humanos. La asistencia militar empeoró los ‘falsos positivos’ en un 56 por ciento.
El golpe de Estado en Honduras, organizado desde una base militar estadounidense, la entrada de 7.000 marines a Costa Rica, la reactivación de la Cuarta Flota, la ocupación de Haití bajo el pretexto del terremoto, la construcción del muro infame en la frontera con México, la concesión de nuevas bases militares en Panamá, y la firma del tratado militar entre Obama y Uribe son episodios que evidencian la creciente militarización de las relaciones Estados Unidos-América Latina y los preparativos para una “aventura militar global”, como la llama el analista Atilio Borón. Los alcances de la aventura quedaron al descubierto en la Cumbre de Gobiernos de la Unión de Países del Sur (Unasur) en Bariloche (Argentina, septiembre de 2009), cuando se revelaron detalles del Libro Blanco del Comando Sur estadounidense. “En 2005 la Estrategia Militar Nacional estableció a África como una quinta región de vanguardia, lo cual requerirá capacidad de movilidad significativa para apoyar la aplicación de la Estrategia Militar Nacional”.
Mi cuerpo es mi casa, mi casa es mi territorio
Antes de la cumbre de Unasur, cuando Cambio publicó (julio de 2009) los primeros detalles sobre el Tratado Obama-Uribe, la reacción de éste fue presentarlo como un ‘acuerdo simplificado’, una extensión del ‘plan Colombia’, e insistir en que no son bases militares gringas sino la utilización de instalaciones del país para operaciones estadounidenses. Sólo después de firmado, Uribe dio a conocer el texto, y de inmediato el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas iniciaron el análisis y las acciones jurídicas ante este acuerdo al constatar que violaba la Constitución, la soberanía, la separación de poderes y el ordenamiento jurídico, al no haber sido revisado por el Congreso de Colombia. La Corte Constitucional lo declaró inconstitucional.
La Federación Internacional de Derechos Humanos adoptó una resolución en su 37º Congreso Mundial realizado en Erevan (Armenia). “Sobre la situación de las mujeres y las bases militares” consideró que “la presencia y uso de las bases militares norteamericanas aumentará los riesgos de violencia sexual hacia las mujeres, jóvenes y niñas, como se ha demostrado en casos de violación sexual de niñas menores, en las que se han visto envueltos militares estadounidenses adscritos al Plan Colombia; y en otro caso de elaboración de videos pornográficos donde aparecen mujeres jóvenes de la zona con militares y técnicos estadounidenses”.
Estas preocupaciones se extienden a la violación de derechos humanos que tienen lugar en el largo conflicto social y armado colombiano y que dejan huellas en las mujeres sobrevivientes, como lo documenta la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado en sus informes. Masacres, desaparición forzada, tortura, asesinato de civiles a sangre fría con fines de beneficio, falsos positivos, desplazamiento forzado, y escalonamiento y degradación del conflicto guardan estrecha relación con aquellas doctrinas del “enemigo interno” y de “quitarle el agua al pez” impartidas en la Escuela de las Américas y los diferentes escenarios de entrenamiento militar posteriores.
Tales actividades de ‘entrenamiento’ serían una pieza clave del Tratado según el texto del acuerdo, que enumera actividades que tendrían lugar en las bases: “interoperatividad, procedimientos conjuntos, entrenamiento e instrucción, fortalecimiento de capacidades de vigilancia y reconocimiento, ejercicios combinados y especialmente intercambio de inteligencia”.
Por las interceptaciones y seguimientos ilegales del DAS, el gobierno anunció su reestructuración bajo la asesoría de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). El periodista e historiador Alfredo Molano recordó la negra historia de ésta en operaciones militares que acabaron en golpes de Estado en América Latina y alertó: “El DAS, de un cuerpo de terror al servicio de un gobierno, pasará a ser un órgano de control militar de Estados Unidos en el país, complementario de las siete bases militares”. También abrió al respecto varios interrogantes: “¿Qué impedirá que compatriotas nuestros sean llevados a las bases gringas y usados como conejillos de indias para sus investigaciones sobre los límites de la resistencia humana frente a la tortura? ¿Qué impedirá la existencia de siete Guantánamos en Colombia?”.
Hoy se añade una preocupación que surge de la respuesta del gobierno a un cuestionario del Congreso: “Colombia ya está contribuyendo y planea seguir haciéndolo con entrenamiento a bajo costo y de la misma calidad que el que ofrecen países como Estados Unidos y el Reino Unido. Queremos que las capacidades adquiridas puedan ser puestas a disposición y compartidas con terceros países interesados con el fin de contribuir al interés común de la estabilidad regional” ¿Militares colombianos son hoy ‘multiplicadores’ de la Escuela de las Américas?
Desde la otra orilla
Organizaciones y movimientos sociales opuestos a la militarización han recorrido un largo camino en la resistencia desde finales de los 80, cuando se creó el Observatorio de la Escuela de las Américas (SOA Watch), iniciativa de acción no violenta que nació en un pequeño apartamento a las afueras de la puerta principal del Fuerte Benning, Georgia (EU), adonde fue trasladada la Escuela de las Américas que funcionó desde 1946 en Panamá. El Observatorio realiza vigilia a las afueras de la sede de la Escuela de Golpes o Escuela de Asesinos, como se le ha llamado.
Otro hito en la lucha contra la militarización en el continente fue justo la Cumbre de las Américas (Miami, 1994), cuando se decidió buscar caminos de articulación que concluyeron en la conformación en 1997 de una Alianza Social Continental de organizaciones sociales, desde Canadá hasta la Patagonia para luchar contra el Alca, la deuda externa y la desmilitarización del continente.
Un escenario global para construir la lucha contra la militarización nació en 2001. Se hizo por primera vez el Foro Social Mundial, cita de movimientos sociales mundiales, respuesta al Foro Económico de los mega-ricos en Davos. En el Foro Social Mundial de Nueva Delhi (2004), se lanzó la Coalición No Bases, y en 2010, a los 10 primeros años del Foro, se inició de una campaña continental contra las bases militares en la región: el Foro Social Américas en Paraguay, en agosto.
Con el siglo XXI surgieron nuevas expresiones de la lucha de las mujeres contra la militarización. Una de ellas comenzó con la idea de una marcha mundial de mujeres a consecuencia del éxito de la marcha de las mujeres contra la pobreza realizada en Québec en 1995, cuando por 10 días, más de 800 mujeres recorrieron las calles reclamando viejas y nuevas reivindicaciones económicas. La propuesta de iniciar una Marcha Mundial de Mujeres se confirmó en el encuentro en Beijing (1995), donde se explicitó la decisión de mundializar las luchas por la igualdad, el desarrollo y la paz.
En 2004, en el quinto Encuentro de la Marcha se redactó la carta de las mujeres para la humanidad, que ha viajado por el mundo con el mensaje de paz, justicia, solidaridad, libertad e igualdad. Desde entonces continúa con su trabajo de movilización y fortalecimiento como red, y 2010 es para la Marcha Mundial de Mujeres, el año de su tercera acción global en que se incluye el Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la Militarización, en Colombia.
En Colombia, la lucha contra la militarización busca una solución política del conflicto vivido desde los 50. Los 90 fueron la década de la búsqueda de la paz con papel protagónico de la población civil mediante diversas redes e iniciativas. En 1996, la Organización Femenina Popular, expresión organizada de mujeres de base del Magdalena Medio, acogió como mandato una encuesta entre las mujeres de la región que deja en claro su enorme cansancio de la guerra.
El 8 de marzo de 2002 tuvo lugar una gran movilización de 50.000 mujeres provenientes de todo el país, pertenecientes a diversas expresiones del movimiento femeninos por la paz, con el propósito de elevar su voz y agendas propias en el escenario de la negociación política y para respaldar el proceso que ya daba los primeros síntomas de estancamiento por falta de voluntad política del gobierno y de la guerrilla de las farc.
Los años siguientes llevan el péndulo a la solución militar. Al fracaso de los diálogos del Caguán sigue la euforia de la guerra convertida en política nacional con la ‘seguridad democrática’ en los que se disparan las tragedias humanitarias, así como la militarización territorial y la persecución a la oposición. En medio de este panorama adverso, y desde una cosmovisión propia, la Minga Indígena comenzó a caminar la palabra en 2008, recogiendo cinco siglos de lucha por la vida, la autonomía y la permanencia en el territorio. Su voz creció y se multiplicó hasta convertirse en la Minga de Resistencia Social y Comunitaria.
La propuesta del Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra, y ahora también por la Paz, siguió tejiéndose con participación de diversos sectores, incluyendo los indígenas, sus organizaciones y las organizaciones de mujeres indígenas. Luego de años de trabajo y dos encuentros internacionales, en 2007 el Movimiento decidió construir una política pública de paz que incluya la mirada de la mujer. Así nació la idea de un Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la Militarización, concretado en 2009 ante el anuncio del tratado militar Obama-Uribe. Además, líderes, organizaciones y redes sociales del país emprendieron esfuerzos antitratado. Asimismo, se constituyó el capítulo Colombia de la Coalición No Bases, que desde su creación aporta al análisis, la comprensión y el debate de contenidos y alcances del tratado militar.
Que hablen las mujeres y los pueblos
Motivadas por múltiples razones, mujeres, organizaciones y redes sociales de América Latina decidieron articularse en 2009 para convocar el Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la Militarización. Ellas son: Marcha Mundial de Mujeres, Vía Campesina, Consejo Mundial por la Paz, Proceso de Comunidades Negras, Convergencia de Movimientos Populares de América, Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra y por la Paz, Minga de Resistencia Social y Comunitaria, Coordinador Nacional Agrario, Unión Sindical Obrera (USO), Corporación Compromiso y Corporación Colombiana e Teatro.
El Encuentro se hace en Colombia entre el 16 y el 23 de agosto bajo las consignas “Mi cuerpo es mi casa, mi casa es mi territorio. No entrego las llaves”, y “Que callen las armas para que hablen las mujeres y los pueblos en defensa de la vida y la soberanía”, que reunirán expresiones del movimiento social y de mujeres del continente, “para dar a conocer la crítica situación del conflicto armado y social que afrontamos hoy los pueblos de las Américas y en particular Colombia; afectando nuestros cuerpos, territorios, autonomía y soberanía de las mujeres y los pueblos”. El Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la Militarización espera ser un escenario donde se den cita “la palabra, la organización, la resistencia, la lucha y la movilización que son el espíritu de los procesos que integran nuestras organizaciones”, pero también el arte, la música, la poesía, los símbolos que señalan el rumbo de la vida.
Por una semana tendrán lugar las actividades del encuentro que se inician el 16 de agosto con la llegada de una misión de verificación, compuesta por ciudadanas y ciudadanos de 13 países que visitarán diferentes regiones de Colombia que viven los impactos del conflicto. Al final de la Misión, las delegaciones presentarán un informe para la incidencia y la movilización. El 21 de agosto se dará inicio al Encuentro-Foro de debates en Barrancabermeja (Santander), con una ceremonia de apertura a cargo de la Marcha Mundial de las Mujeres. Luego se dará la bienvenida al Encuentro y se escucharán las ponencias sobre las realidades vividas por mujeres pertenecientes a diferentes sectores sociales y poblaciones. En la tarde se realizarán las sesiones grupales hacia la construcción de una agenda de trabajo para la desmilitarización del continente.
El segundo día, el 22, se intercambiarán las experiencias de los movimientos sociales que acumulan fortalezas y logros ante el modelo de desarrollo neoliberal-militarista en Honduras, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Colombia. En la tarde se leerá la declaración final y la agenda de trabajo.
Para cerrar con la semana de actividades del Encuentro, el 23 de agosto será la Vigilia por la Vida, acto político, simbólico y artístico con participación de expresiones culturales de las regiones del país y una performancia preparada por la Corporación Colombiana de Teatro para esta ocasión.
El mito del rapto de las sabinas termina cuando ellas logran detener el conflicto entre romanos y sabinos, pues ya tenían hijos y esposos romanos, y padres y hermanos sabinos que no querían perder. Las mujeres de América no quieren perder ningún otro ser querido en cruentas guerras diseñadas para mantener órdenes injustos y modelos basados en la explotación de la vida. Como madres, esposas, hijas, hermanas, pero ante todo como mujeres con derechos, quieren para ellas y sus pueblos una vida digna y libre de violencias.
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