Sin Cuba nunca más
La voz que se impuso en Cartagena
17 de Abril de 2012
La voz que se impuso en Cartagena
17 de Abril de 2012
Con
poca gloria para Santos, mucha pena para el pueblo de La Heróica y
muchos interrogantes para el continente, terminó la VI Cumbre de las
Américas en Cartagena de Indias. El presidente colombiano, en lugar de
salir en hombros, como hacía prever el enorme despliegue económico (25
millones de dólares), organizativo y de propaganda, salió a defenderse
culpando a los medios de haber azuzado el fuego con los temas candentes:
Cuba, Malvinas y drogas. La V Cumbre de los Pueblos, por su parte,
emitió una declaración conjunta sobre estos y otros temas estratégicos, y
se puso del lado de quienes dejaron atrás la sumisión a Estados Unidos.
La ausencia de Cuba, Puerto Rico y Ecuador, por la intransigencia y el colonialismo estadounidenses; la salida intempestiva de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, por la falta de consenso en su solicitud de respaldo en la exigencia de reconocimiento de la soberanía de su país sobre las islas Malvinas; la ausencia de Nicaragua y posteriormente la salida del presidente de Bolivia, Evo Morales, dejaron una lánguida foto y un balance que empeoraba con el paso de las horas.
De los 34 países del continente, 33 coinciden ahora en que “no habrá una sola cumbre más que reúna a los gobiernos del continente sin la participación de Cuba”. Desde los gobiernos conservadores hasta los progresistas, han llegado a un consenso en este punto, anunció ante los medios de comunicación, el lunes 16 de abril, el canciller venezolano Nicolás Maduro.
El gobierno de Colombia, a pesar de los tiempos que corren, mantiene su posición de genuflexión con el conjunto de la política estadounidense, y por eso el fracaso de Santos no equivale al éxito de la agenda social colombiana. Barack Obama vino a acelerar la entrada en vigencia del TLC para beneficio de las corporaciones estadounidenses. El sector avícola, resignado, anuncia que se está adaptando, “a pesar de la brecha competitiva”, a la entrada de 27.000 toneladas de pollo estadounidense en el primer año del Tratado, y que la competencia ya no será sólo con los cuartos traseros baratos (pierna y pernil) sino también con la pechuga de pollo, que ha bajado de precio en Estados Unidos, producto de la reducción del consumo en medio de la crisis económica.
Sigue la militarización norteamericana de todo el continente, con efectos perversos en el conflicto armado colombiano; se acelera un convenio energético consistente en hidroeléctricas que seguirán explotando el recurso estratégico del agua e imponiéndose sobre los derechos territoriales de las comunidades, a la vez que contribuyen a profundizar la crisis climática. El ministro de Minas Mauricio Cárdenas afirma pomposamente que Colombia se pone a la vanguardia de la integración energética del continente, mientras millones de personas todavía no cuentan con acceso a la electricidad o tienen que pagar 10 o más por ciento de su ingreso mensual por contar con este servicio.
La presencia disidente
Al otro lado de las murallas de la Ciudad Heroica culminó la V versión de la Cumbre de los Pueblos, bajo el lema “La verdadera voz de las Américas”, que se sumó al rechazo frente a que Estados Unidos siga imponiendo la agenda continental, a la vez que abordó los verdaderos debates del continente y sentó su posición de respaldo a Cuba, a la soberanía Argentina sobre Malvinas y en contra de la llamada “guerra contra las drogas”. Así lo consignó en la declaración final, construida de manera consensuada entre organizaciones sociales de Colombia y delegaciones internacionales. También se produjeron declaraciones sectoriales de sindicatos, mujeres, estudiantes e iglesias, que realizaron sus encuentros en el marco de esta Cumbre.
La presencia y la actuación de las corporaciones trasnacionales en diferentes renglones de la economía de América Latina fueron temas transversales a las reflexiones de las organizaciones sociales en los diferentes paneles, talleres y conversatorios de la Cumbre de los Pueblos. El debate llega a la misma conclusión: los intereses de la megaminería, los agronegocios, la banca, las multinacionales del agua, los recursos naturales, las telecomunicaciones, las farmacéuticas y la tecnología, entre otras, están detrás de la militarización, la represión, el señalamiento y la persecución de los líderes sociales que se oponen a que controlen los recursos estratégicos. Estas corporaciones, a la vez, sobornan, presionan o se alían con funcionarios gubernamentales para imponer sus propias reglas de juego a través de los Tratados de Libre Comercio, los Tratados Bilaterales de Inversiones y toda la legislación interna que se ha modificado para garantizarles cada vez más derechos. Todo esto ocurre en un contexto de crisis económica en Estados Unidos y Europa, cuando el gran capital busca reacomodarse acumulando cada vez más rentas, territorios y recursos, y mira hacia nuestros territorios con avaricia.
Minería: locomotora rota
El gobierno colombiano les devuelve a las multinacionales mineras en exenciones de impuestos aproximadamente al 30 por ciento de lo que pagan estas empresas en regalías. Esa fue la denuncia presentada por Mario Valencia, de la Red Colombiana de Acción Frente a la Megaminería (Reclame), durante el panel “Megaminería y Desarrollo”, realizado el primer día de la V Cumbre de los Pueblos. “El estado colombiano le está regalando los minerales a esas empresas, por estar cargados de exenciones que equivalen a dos billones de pesos anuales, que es justamente lo que los estudiantes están pidiendo para mejorar la calidad y la oferta educativa de la universidad pública”, señaló Valencia, quien afirmó que el Estado debe recuperar el control de la minería.
La problemática minera atraviesa el continente, pero no todos los países juegan el mismo papel. Raúl Burbano, integrante de la organización no gubernamental canadiense Frontera Común, que le hace seguimiento a la minería, afirmó en el panel “Implementación de los TLC” que dos tercios de la minería mundial es de origen canadiense, y recordó que Canadá ha ‘asesorado’ la reforma a los códigos mineros de varios países del continente, con lo cual termina favoreciendo a las 1.500 empresas y los 1.246 proyectos mineros canadienses. En los últimos cinco años, el crecimiento del sector pasó de 35 a 50 por ciento. La mayoría de estas inversiones están en Honduras, Colombia y Perú, países donde no se respetan los derechos humanos, añade Burbano, con lo cual la minería canadiense busca evadir su responsabilidad con trabajadores y comunidades, para aumentar su margen de ganancias. Frontera Común promueve un marco legal en su país que permita el control al comportamiento de la minería más allá de las fronteras.
¿Guerra, contra qué?
La llamada Guerra contra las Drogas fue abordada por la V Cumbre de los Pueblos bajo el eje de militarización, derechos humanos y criminalización de la protesta social. Ricardo Soberón Garrido, ex zar antidrogas del Perú, analiza los intereses que la dinamizan: “En el terreno empresarial, obviamente los laboratorios farmacéuticos internacionales que pretenden seguir manteniendo el monopolio del control de las situaciones de neurosis, de psicosis, de distinto tipo de patologías a partir de sus propios medicamentos y no permitir que la gente tenga salidas más naturales (recurriendo a plantas de uso tradicional, estigmatizadas por esta misma política). En el terreno militar, estamos evidenciando un proceso de privatización de la guerra, particularmente en América Latina. Organizaciones y agencias de seguridad y de orden público del aparato tecnológico militar de Estados Unidos están interesadas en alimentar a las fuerzas armadas y policiales de nuestros países, y a sus servicios de inteligencia, para poder encomendarles nuevas misiones, entre otras el control del narcotráfico; el seguimiento y monitoreo de vuelos sospechosos, de embarcaciones sospechosas, la devolución de migrantes, etcétera. Hay también otros actores ideológicamente interesados, en algunos casos podemos hablar de sectores muy conservadores”.
Soberón renunció hace algunos meses a su cargo como Zar Antidrogas de su país por presión de Washington. Se hizo presente en la V Cumbre de los Pueblos para compartir sus reflexiones y señalar esta temática como un asunto del resorte de cada país: “No hay un problema mundial de drogas: hay problemas nacionales que deben ser respondidos en términos nacionales, porque uno de los trucos sobre los cuales se ha basado el sistema internacional ha sido hacernos pensar que el problema es global, que la respuesta es global, y que nadie puede poner en tela de juicio ese paradigma internacional”.
Los TLC: leyes de implementación podrían ser inconstitucionales
La multiplicación de los Tratados de Libre Comercio está generando un nuevo orden legal internacional que pone en juego las normas nacionales e incluso las normas internacionales que protegen los derechos humanos. Así se desprende de las discusiones que tuvieron lugar bajo el eje “TLC: negociación, implementación y resistencias”, durante la V Cumbre de los Pueblos.
En el panel sobre implementación de los TLC, los estragos de los Tratados de Libre Comercio no fueron sólo un pronóstico. Jorge Coronado, de la Comisión Nacional de Enlace, red de organizaciones sociales costarricenses, presentó el balance de lo que han sido siete años de implementación del TLC con Estados Unidos para Centroamérica: la balanza comercial se invirtió completamente. Hoy, Centroamérica importa de Estados Unidos más de lo que exporta. El 73 por ciento de la biodiversidad está patentado, el desempleo aumentó y la informalidad representa el 66 por ciento de la economía, y es perseguida por la policía. Existen fuertes restricciones en materia de propiedad intelectual, las fotocopias están penalizadas en Centroamérica y la responsabilidad recae sobre los dueños de los pequeños negocios de copiado, reveló Coronado.
El analista y economista Héctor-León Moncayo, integrante del consejo editorial de este periódico, afirmó que en Colombia, como en otros países con TLC, las leyes ya no se desprenden de la Constitución sino del acuerdo comercial. También afirmó que en la demanda de inconstitucionalidad presentada por diversas organizaciones sociales, académicas y sectores empresariales, en 2009, quedó un espacio abierto para la incidencia jurídica, y es que la Corte declaró constitucional el TLC con Estados Unidos pero afirmó que algunas leyes de implementación pueden ser inconstitucionales. Moncayo insistió en que la lucha contra los TLC está vigente y debe darse también en el terreno jurídico, pero fundamentalmente a través de la movilización social.
El gobierno no acoge propuestas de la MANE
La educación, en particular la superior, está en el centro de los debates sobre el modelo económico en el continente. La disputa por la educación pública, gratuita, universal y de calidad le ha dado dividendos muy importantes al movimiento estudiantil en el continente, particularmente en Chile y Colombia, donde mantienen detenidas las reformas que profundizan la privatización. El reconocimiento por esos logros se hizo sentir en todos los escenarios y momentos de la V Cumbre de los Pueblos, donde la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) se hizo presente.
Ante la presión del movimiento estudiantil, el viceministro de Educación Javier Botero Álvarez tuvo que asistir al foro sobre autonomía universitaria convocado por la MANE, en el marco de la V Cumbre de los Pueblos. El funcionario se reafirmó en la postura gubernamental de centralizar la autonomía universitaria en una junta directiva o consejo superior, a pesar de las recientes críticas que rodearon la elección del rector de la Universidad Nacional de Colombia, en el marco del debate sobre la educación pública en el país.
Los integrantes de la MANE participantes en el Foro denunciaron que el gobierno colombiano no acoge sus propuestas, aunque públicamente se declara dispuesto al diálogo. “No quieren salir del marco neoliberal porque apuntan a abrirle espacio a la inversión privada y al capital extranjero en la universidad pública”, señaló Leonel Eduardo Vargas, vocero de la MANE, quien anunció que la movilización seguirá.
Sin la voz de las mujeres, otra América no es posible
Con esta consigna, cerca de 200 representantes de organizaciones de mujeres de Cartagena, la Costa Caribe y el país, junto con delegadas internacionales, se reunieron en un encuentro realizado en el marco de la V Cumbre de los Pueblos para discutir las relación entre las reglas y las normas del modelo económico, y los derechos humanos. A pesar de los avances de la lucha feminista, las mujeres siguen siendo las principales responsables del trabajo doméstico no remunerado que combinan con las actividades productivas, duplicando su jornada laboral. Adicionalmente, las tasas de desempleo de las mujeres son más altas estructuralmente en todo el continente. En Colombia, en el período septiembre-diciembre de 2011, el desempleo de las mujeres fue de 12,5 por ciento, mientras el de los hombres fue de 7 por ciento.
El modelo actual está fuertemente sostenido en sus hombros mientras les ofrece condiciones precarias de trabajo. Los sectores de la economía nacional que desplazan los TLC en los países llamados en desarrollo son la agricultura y la industria (incluyendo el desarrollo tecnológico). Las economías locales quedan sostenidas en sectores como comercio, hoteles y restaurantes, y en los servicios comunales, sociales y personales. Estos dos son las principales fuentes de trabajo para las mujeres, también porque son una extensión de los roles de cuidado, tradicionalmente asignados a ellas. En el país, 63 de cada 100 mujeres trabajan en comercio y servicios, según estadísticas del Dane.
La reducción del Estado recae también sobre los hombros de las mujeres. Una muestra de ello es el trabajo de las madres comunitarias, a quienes históricamente se les ha negado su relación laboral con el Estado. Las madres comunitarias del departamento de Bolívar denunciaron durante el encuentro que, con el programa de atención a la primera infancia, “De Cero a Siempre”, lanzado por el gobierno nacional, su trabajo está en riesgo. Las ONG van a recibir los recursos de Bienestar Familiar para atender a la infancia, y son ellas las que van a contratar a las madres. María Valencia, del Sindicato de Madres Comunitarias de Bolívar, anunció que las organizaciones que las agrupan en todo el país realizarán una marcha nacional en mayo de este año para denunciar esta situación y exigirle al gobierno nacional unos programas que las incorporen y reconozcan sus derechos.
Las ventas por catálogo se han convertido en otra ocupación generalizada para las mujeres en la región. Algunas lo asumen como trabajo adicional para completar sus ingresos. Mientras las multinacionales de belleza y otros artículos de aseo y nutrición acumulan enormes ganancias por este concepto, las mujeres deben poner el capital inicial, crear las redes de ventas y pagar por los catálogos. Todos los costos los asumen las vendedoras, sin llegar a tener relación laboral o contractual con estas compañías.
La salud y la seguridad social son dos de las enormes deudas del modelo económico con las mujeres. No hay atención en salud que reconozca los derechos sexuales y reproductivos en las distintas etapas de su vida, y, por el contrario, la atención en salud se ha precarizado, deshumanizado y estandarizado, señalan las mujeres. Ecuador, a pesar de tener un sistema de salud pública, y Chile, con TLC firmados con muchos países, comparten este diagnóstico sobre la atención. María Clara Plata, de la Mesa Mujeres y Economía, de Colombia, afirmó que “el libre comercio convirtió a las y los pacientes en clientes, y a la salud en un negocio” e invitó a las participantes a sumarse al Referendo por la Salud y la Seguridad Social, cuyas firmas se están recogiendo en Bogotá, y a participar en el Congreso Nacional por la Salud, el próximo mes de agosto.
Las mujeres también recordaron que el 12 de abril se cumplieron tres años de la violación de Jessika Beltrán. Su mamá denunció que el sargento Michael Cohen y el contratista César Ruiz, ambos ubicados en la base de Tolemaida, desarrollando labores del ‘plan Colombia’, violaron a su hija cuando tenía 12 años. El caso sigue en la impunidad. A través de esta denuncia, rechazaron la militarización de la vida cotidiana y denunciaron la violencia de los actores armados contra las mujeres, insistiendo en la exigencia de la solución política del conflicto armado de Colombia y la desmilitarización de la vida civil en el continente.
Objeción de conciencia frente al modelo neoliberal
“El escenario de la guerra ya no se limita al control del territorial y de los recursos económicos sino que ahora las guerras buscan también la dominación de la mente y el cuerpo de las personas, y apuntan a la construcción de un pensamiento único”. Esta fue la principal conclusión a la que llegó el Encuentro Ecuménico, realizado durante la V Cumbre de los Pueblos.
En la declaración, suscrita por 31 organizaciones cristianas, de personas de fe, jóvenes, mujeres, indígenas y afrodescendientes, acordaron ampliar el trabajo de la objeción de conciencia al servicio militar, al neoliberalismo en su conjunto: “No podemos seguir pensando y actuando con los criterios de este mundo neoliberal que se nos impone con su lógica de muerte y destrucción humana y de la naturaleza”. El Encuentro Ecuménico también acordó fortalecer la organización del sector ecuménico, conocer las experiencias de opciones políticas y económicas que están surgiendo en la región, como el socialismo del siglo XXI y el Buen Vivir, trabajar por lo solución negociada del conflicto armado en Colombia, la reparación, y la restitución de las tierras a desplazados y victimas.
La ciudad y las Cumbres
En un ambiente hostil al movimiento social y en medio de un fuerte control militar y policial en la ciudad, se desarrollaron la V Cumbre de los Pueblos y la VI Cumbre de las Américas. El pueblo cartagenero tuvo restringida la movilidad dentro de su ciudad, particularmente en las zonas de Bocagrande, el centro y la ciudad amurallada. Los vendedores ambulantes sintieron el impacto económico negativo en sus ventas por la falta de público. La ciudad, limpia y despejada, daba la sensación de una paraíso aterrador, al estilo del mundo feliz.
En un acto de total abuso de autoridad, la fuerza pública les ordenó a los dueños de hoteles expulsar a estudiantes y sindicalistas hospedados en el sector de Bocagrande que participaban en la V Cumbre de los Pueblos. Mientras trataba de vender la imagen de un líder internacional que concilia intereses divergentes en el continente, el gobierno de Juan Manuel Santos dio muestras de un profundo Estado represivo, que quiso ocultar y acallar la voz de la protesta social en Cartagena.
Pero no lo consiguió. Ocho mil personas marcharon en medio de fuertes dispositivos de seguridad por un trayecto corto, desde el Coliseo Chico Navarro hasta el sector de Chambacú, al cabo del cual se leyó la declaración final, que concluye: “Esta es nuestra voz, la verdadera voz de los pueblos de las Américas, y así lo proclamamos ante el mundo”.
Mientras los analistas colombianos cuentan las monedas que quedaron de la cacareada Cumbre, el continente sigue en sus realidades y las cartas quedan sobre la mesa: el modelo neoliberal avanza desafiando a los pueblos, y éstos han asumido el desafío. El triste espectáculo de sumisión a la hegemonía estadounidense se desgasta. Subyacen poderes no suficientemente desafiados: el patriarcado, el sistema financiero, la plutocracia, el poder corporativo que se alza sobre los Estados mismos. Poderes todos presentes en la vida cotidiana, esa que el movimiento ecuménico llama a desneoliberalizar desde la conciencia, siendo más grandes que el sectarismo político.
La ausencia de Cuba, Puerto Rico y Ecuador, por la intransigencia y el colonialismo estadounidenses; la salida intempestiva de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, por la falta de consenso en su solicitud de respaldo en la exigencia de reconocimiento de la soberanía de su país sobre las islas Malvinas; la ausencia de Nicaragua y posteriormente la salida del presidente de Bolivia, Evo Morales, dejaron una lánguida foto y un balance que empeoraba con el paso de las horas.
De los 34 países del continente, 33 coinciden ahora en que “no habrá una sola cumbre más que reúna a los gobiernos del continente sin la participación de Cuba”. Desde los gobiernos conservadores hasta los progresistas, han llegado a un consenso en este punto, anunció ante los medios de comunicación, el lunes 16 de abril, el canciller venezolano Nicolás Maduro.
El gobierno de Colombia, a pesar de los tiempos que corren, mantiene su posición de genuflexión con el conjunto de la política estadounidense, y por eso el fracaso de Santos no equivale al éxito de la agenda social colombiana. Barack Obama vino a acelerar la entrada en vigencia del TLC para beneficio de las corporaciones estadounidenses. El sector avícola, resignado, anuncia que se está adaptando, “a pesar de la brecha competitiva”, a la entrada de 27.000 toneladas de pollo estadounidense en el primer año del Tratado, y que la competencia ya no será sólo con los cuartos traseros baratos (pierna y pernil) sino también con la pechuga de pollo, que ha bajado de precio en Estados Unidos, producto de la reducción del consumo en medio de la crisis económica.
Sigue la militarización norteamericana de todo el continente, con efectos perversos en el conflicto armado colombiano; se acelera un convenio energético consistente en hidroeléctricas que seguirán explotando el recurso estratégico del agua e imponiéndose sobre los derechos territoriales de las comunidades, a la vez que contribuyen a profundizar la crisis climática. El ministro de Minas Mauricio Cárdenas afirma pomposamente que Colombia se pone a la vanguardia de la integración energética del continente, mientras millones de personas todavía no cuentan con acceso a la electricidad o tienen que pagar 10 o más por ciento de su ingreso mensual por contar con este servicio.
La presencia disidente
Al otro lado de las murallas de la Ciudad Heroica culminó la V versión de la Cumbre de los Pueblos, bajo el lema “La verdadera voz de las Américas”, que se sumó al rechazo frente a que Estados Unidos siga imponiendo la agenda continental, a la vez que abordó los verdaderos debates del continente y sentó su posición de respaldo a Cuba, a la soberanía Argentina sobre Malvinas y en contra de la llamada “guerra contra las drogas”. Así lo consignó en la declaración final, construida de manera consensuada entre organizaciones sociales de Colombia y delegaciones internacionales. También se produjeron declaraciones sectoriales de sindicatos, mujeres, estudiantes e iglesias, que realizaron sus encuentros en el marco de esta Cumbre.
La presencia y la actuación de las corporaciones trasnacionales en diferentes renglones de la economía de América Latina fueron temas transversales a las reflexiones de las organizaciones sociales en los diferentes paneles, talleres y conversatorios de la Cumbre de los Pueblos. El debate llega a la misma conclusión: los intereses de la megaminería, los agronegocios, la banca, las multinacionales del agua, los recursos naturales, las telecomunicaciones, las farmacéuticas y la tecnología, entre otras, están detrás de la militarización, la represión, el señalamiento y la persecución de los líderes sociales que se oponen a que controlen los recursos estratégicos. Estas corporaciones, a la vez, sobornan, presionan o se alían con funcionarios gubernamentales para imponer sus propias reglas de juego a través de los Tratados de Libre Comercio, los Tratados Bilaterales de Inversiones y toda la legislación interna que se ha modificado para garantizarles cada vez más derechos. Todo esto ocurre en un contexto de crisis económica en Estados Unidos y Europa, cuando el gran capital busca reacomodarse acumulando cada vez más rentas, territorios y recursos, y mira hacia nuestros territorios con avaricia.
Minería: locomotora rota
El gobierno colombiano les devuelve a las multinacionales mineras en exenciones de impuestos aproximadamente al 30 por ciento de lo que pagan estas empresas en regalías. Esa fue la denuncia presentada por Mario Valencia, de la Red Colombiana de Acción Frente a la Megaminería (Reclame), durante el panel “Megaminería y Desarrollo”, realizado el primer día de la V Cumbre de los Pueblos. “El estado colombiano le está regalando los minerales a esas empresas, por estar cargados de exenciones que equivalen a dos billones de pesos anuales, que es justamente lo que los estudiantes están pidiendo para mejorar la calidad y la oferta educativa de la universidad pública”, señaló Valencia, quien afirmó que el Estado debe recuperar el control de la minería.
La problemática minera atraviesa el continente, pero no todos los países juegan el mismo papel. Raúl Burbano, integrante de la organización no gubernamental canadiense Frontera Común, que le hace seguimiento a la minería, afirmó en el panel “Implementación de los TLC” que dos tercios de la minería mundial es de origen canadiense, y recordó que Canadá ha ‘asesorado’ la reforma a los códigos mineros de varios países del continente, con lo cual termina favoreciendo a las 1.500 empresas y los 1.246 proyectos mineros canadienses. En los últimos cinco años, el crecimiento del sector pasó de 35 a 50 por ciento. La mayoría de estas inversiones están en Honduras, Colombia y Perú, países donde no se respetan los derechos humanos, añade Burbano, con lo cual la minería canadiense busca evadir su responsabilidad con trabajadores y comunidades, para aumentar su margen de ganancias. Frontera Común promueve un marco legal en su país que permita el control al comportamiento de la minería más allá de las fronteras.
¿Guerra, contra qué?
La llamada Guerra contra las Drogas fue abordada por la V Cumbre de los Pueblos bajo el eje de militarización, derechos humanos y criminalización de la protesta social. Ricardo Soberón Garrido, ex zar antidrogas del Perú, analiza los intereses que la dinamizan: “En el terreno empresarial, obviamente los laboratorios farmacéuticos internacionales que pretenden seguir manteniendo el monopolio del control de las situaciones de neurosis, de psicosis, de distinto tipo de patologías a partir de sus propios medicamentos y no permitir que la gente tenga salidas más naturales (recurriendo a plantas de uso tradicional, estigmatizadas por esta misma política). En el terreno militar, estamos evidenciando un proceso de privatización de la guerra, particularmente en América Latina. Organizaciones y agencias de seguridad y de orden público del aparato tecnológico militar de Estados Unidos están interesadas en alimentar a las fuerzas armadas y policiales de nuestros países, y a sus servicios de inteligencia, para poder encomendarles nuevas misiones, entre otras el control del narcotráfico; el seguimiento y monitoreo de vuelos sospechosos, de embarcaciones sospechosas, la devolución de migrantes, etcétera. Hay también otros actores ideológicamente interesados, en algunos casos podemos hablar de sectores muy conservadores”.
Soberón renunció hace algunos meses a su cargo como Zar Antidrogas de su país por presión de Washington. Se hizo presente en la V Cumbre de los Pueblos para compartir sus reflexiones y señalar esta temática como un asunto del resorte de cada país: “No hay un problema mundial de drogas: hay problemas nacionales que deben ser respondidos en términos nacionales, porque uno de los trucos sobre los cuales se ha basado el sistema internacional ha sido hacernos pensar que el problema es global, que la respuesta es global, y que nadie puede poner en tela de juicio ese paradigma internacional”.
Los TLC: leyes de implementación podrían ser inconstitucionales
La multiplicación de los Tratados de Libre Comercio está generando un nuevo orden legal internacional que pone en juego las normas nacionales e incluso las normas internacionales que protegen los derechos humanos. Así se desprende de las discusiones que tuvieron lugar bajo el eje “TLC: negociación, implementación y resistencias”, durante la V Cumbre de los Pueblos.
En el panel sobre implementación de los TLC, los estragos de los Tratados de Libre Comercio no fueron sólo un pronóstico. Jorge Coronado, de la Comisión Nacional de Enlace, red de organizaciones sociales costarricenses, presentó el balance de lo que han sido siete años de implementación del TLC con Estados Unidos para Centroamérica: la balanza comercial se invirtió completamente. Hoy, Centroamérica importa de Estados Unidos más de lo que exporta. El 73 por ciento de la biodiversidad está patentado, el desempleo aumentó y la informalidad representa el 66 por ciento de la economía, y es perseguida por la policía. Existen fuertes restricciones en materia de propiedad intelectual, las fotocopias están penalizadas en Centroamérica y la responsabilidad recae sobre los dueños de los pequeños negocios de copiado, reveló Coronado.
El analista y economista Héctor-León Moncayo, integrante del consejo editorial de este periódico, afirmó que en Colombia, como en otros países con TLC, las leyes ya no se desprenden de la Constitución sino del acuerdo comercial. También afirmó que en la demanda de inconstitucionalidad presentada por diversas organizaciones sociales, académicas y sectores empresariales, en 2009, quedó un espacio abierto para la incidencia jurídica, y es que la Corte declaró constitucional el TLC con Estados Unidos pero afirmó que algunas leyes de implementación pueden ser inconstitucionales. Moncayo insistió en que la lucha contra los TLC está vigente y debe darse también en el terreno jurídico, pero fundamentalmente a través de la movilización social.
El gobierno no acoge propuestas de la MANE
La educación, en particular la superior, está en el centro de los debates sobre el modelo económico en el continente. La disputa por la educación pública, gratuita, universal y de calidad le ha dado dividendos muy importantes al movimiento estudiantil en el continente, particularmente en Chile y Colombia, donde mantienen detenidas las reformas que profundizan la privatización. El reconocimiento por esos logros se hizo sentir en todos los escenarios y momentos de la V Cumbre de los Pueblos, donde la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) se hizo presente.
Ante la presión del movimiento estudiantil, el viceministro de Educación Javier Botero Álvarez tuvo que asistir al foro sobre autonomía universitaria convocado por la MANE, en el marco de la V Cumbre de los Pueblos. El funcionario se reafirmó en la postura gubernamental de centralizar la autonomía universitaria en una junta directiva o consejo superior, a pesar de las recientes críticas que rodearon la elección del rector de la Universidad Nacional de Colombia, en el marco del debate sobre la educación pública en el país.
Los integrantes de la MANE participantes en el Foro denunciaron que el gobierno colombiano no acoge sus propuestas, aunque públicamente se declara dispuesto al diálogo. “No quieren salir del marco neoliberal porque apuntan a abrirle espacio a la inversión privada y al capital extranjero en la universidad pública”, señaló Leonel Eduardo Vargas, vocero de la MANE, quien anunció que la movilización seguirá.
Sin la voz de las mujeres, otra América no es posible
Con esta consigna, cerca de 200 representantes de organizaciones de mujeres de Cartagena, la Costa Caribe y el país, junto con delegadas internacionales, se reunieron en un encuentro realizado en el marco de la V Cumbre de los Pueblos para discutir las relación entre las reglas y las normas del modelo económico, y los derechos humanos. A pesar de los avances de la lucha feminista, las mujeres siguen siendo las principales responsables del trabajo doméstico no remunerado que combinan con las actividades productivas, duplicando su jornada laboral. Adicionalmente, las tasas de desempleo de las mujeres son más altas estructuralmente en todo el continente. En Colombia, en el período septiembre-diciembre de 2011, el desempleo de las mujeres fue de 12,5 por ciento, mientras el de los hombres fue de 7 por ciento.
El modelo actual está fuertemente sostenido en sus hombros mientras les ofrece condiciones precarias de trabajo. Los sectores de la economía nacional que desplazan los TLC en los países llamados en desarrollo son la agricultura y la industria (incluyendo el desarrollo tecnológico). Las economías locales quedan sostenidas en sectores como comercio, hoteles y restaurantes, y en los servicios comunales, sociales y personales. Estos dos son las principales fuentes de trabajo para las mujeres, también porque son una extensión de los roles de cuidado, tradicionalmente asignados a ellas. En el país, 63 de cada 100 mujeres trabajan en comercio y servicios, según estadísticas del Dane.
La reducción del Estado recae también sobre los hombros de las mujeres. Una muestra de ello es el trabajo de las madres comunitarias, a quienes históricamente se les ha negado su relación laboral con el Estado. Las madres comunitarias del departamento de Bolívar denunciaron durante el encuentro que, con el programa de atención a la primera infancia, “De Cero a Siempre”, lanzado por el gobierno nacional, su trabajo está en riesgo. Las ONG van a recibir los recursos de Bienestar Familiar para atender a la infancia, y son ellas las que van a contratar a las madres. María Valencia, del Sindicato de Madres Comunitarias de Bolívar, anunció que las organizaciones que las agrupan en todo el país realizarán una marcha nacional en mayo de este año para denunciar esta situación y exigirle al gobierno nacional unos programas que las incorporen y reconozcan sus derechos.
Las ventas por catálogo se han convertido en otra ocupación generalizada para las mujeres en la región. Algunas lo asumen como trabajo adicional para completar sus ingresos. Mientras las multinacionales de belleza y otros artículos de aseo y nutrición acumulan enormes ganancias por este concepto, las mujeres deben poner el capital inicial, crear las redes de ventas y pagar por los catálogos. Todos los costos los asumen las vendedoras, sin llegar a tener relación laboral o contractual con estas compañías.
La salud y la seguridad social son dos de las enormes deudas del modelo económico con las mujeres. No hay atención en salud que reconozca los derechos sexuales y reproductivos en las distintas etapas de su vida, y, por el contrario, la atención en salud se ha precarizado, deshumanizado y estandarizado, señalan las mujeres. Ecuador, a pesar de tener un sistema de salud pública, y Chile, con TLC firmados con muchos países, comparten este diagnóstico sobre la atención. María Clara Plata, de la Mesa Mujeres y Economía, de Colombia, afirmó que “el libre comercio convirtió a las y los pacientes en clientes, y a la salud en un negocio” e invitó a las participantes a sumarse al Referendo por la Salud y la Seguridad Social, cuyas firmas se están recogiendo en Bogotá, y a participar en el Congreso Nacional por la Salud, el próximo mes de agosto.
Las mujeres también recordaron que el 12 de abril se cumplieron tres años de la violación de Jessika Beltrán. Su mamá denunció que el sargento Michael Cohen y el contratista César Ruiz, ambos ubicados en la base de Tolemaida, desarrollando labores del ‘plan Colombia’, violaron a su hija cuando tenía 12 años. El caso sigue en la impunidad. A través de esta denuncia, rechazaron la militarización de la vida cotidiana y denunciaron la violencia de los actores armados contra las mujeres, insistiendo en la exigencia de la solución política del conflicto armado de Colombia y la desmilitarización de la vida civil en el continente.
Objeción de conciencia frente al modelo neoliberal
“El escenario de la guerra ya no se limita al control del territorial y de los recursos económicos sino que ahora las guerras buscan también la dominación de la mente y el cuerpo de las personas, y apuntan a la construcción de un pensamiento único”. Esta fue la principal conclusión a la que llegó el Encuentro Ecuménico, realizado durante la V Cumbre de los Pueblos.
En la declaración, suscrita por 31 organizaciones cristianas, de personas de fe, jóvenes, mujeres, indígenas y afrodescendientes, acordaron ampliar el trabajo de la objeción de conciencia al servicio militar, al neoliberalismo en su conjunto: “No podemos seguir pensando y actuando con los criterios de este mundo neoliberal que se nos impone con su lógica de muerte y destrucción humana y de la naturaleza”. El Encuentro Ecuménico también acordó fortalecer la organización del sector ecuménico, conocer las experiencias de opciones políticas y económicas que están surgiendo en la región, como el socialismo del siglo XXI y el Buen Vivir, trabajar por lo solución negociada del conflicto armado en Colombia, la reparación, y la restitución de las tierras a desplazados y victimas.
La ciudad y las Cumbres
En un ambiente hostil al movimiento social y en medio de un fuerte control militar y policial en la ciudad, se desarrollaron la V Cumbre de los Pueblos y la VI Cumbre de las Américas. El pueblo cartagenero tuvo restringida la movilidad dentro de su ciudad, particularmente en las zonas de Bocagrande, el centro y la ciudad amurallada. Los vendedores ambulantes sintieron el impacto económico negativo en sus ventas por la falta de público. La ciudad, limpia y despejada, daba la sensación de una paraíso aterrador, al estilo del mundo feliz.
En un acto de total abuso de autoridad, la fuerza pública les ordenó a los dueños de hoteles expulsar a estudiantes y sindicalistas hospedados en el sector de Bocagrande que participaban en la V Cumbre de los Pueblos. Mientras trataba de vender la imagen de un líder internacional que concilia intereses divergentes en el continente, el gobierno de Juan Manuel Santos dio muestras de un profundo Estado represivo, que quiso ocultar y acallar la voz de la protesta social en Cartagena.
Pero no lo consiguió. Ocho mil personas marcharon en medio de fuertes dispositivos de seguridad por un trayecto corto, desde el Coliseo Chico Navarro hasta el sector de Chambacú, al cabo del cual se leyó la declaración final, que concluye: “Esta es nuestra voz, la verdadera voz de los pueblos de las Américas, y así lo proclamamos ante el mundo”.
Mientras los analistas colombianos cuentan las monedas que quedaron de la cacareada Cumbre, el continente sigue en sus realidades y las cartas quedan sobre la mesa: el modelo neoliberal avanza desafiando a los pueblos, y éstos han asumido el desafío. El triste espectáculo de sumisión a la hegemonía estadounidense se desgasta. Subyacen poderes no suficientemente desafiados: el patriarcado, el sistema financiero, la plutocracia, el poder corporativo que se alza sobre los Estados mismos. Poderes todos presentes en la vida cotidiana, esa que el movimiento ecuménico llama a desneoliberalizar desde la conciencia, siendo más grandes que el sectarismo político.
http://desdeabajo.info/component/k2/item/19609-la-voz-que-se-impuso-en-cartagena.html
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Flores que no halagan, espinas que quedan
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Flores que no halagan, espinas que quedan
16 de marzo de 2008
Margarita
Pérez (1) nació en Duitama (Boyacá) hace 43 años. Allí vivió toda su
infancia y cursó hasta cuarto de primaria. Luego se vino tras una de sus
cuatro hermanas a probar suerte en Bogotá. En 1987, con 19 años, entró a
trabajar a Flores Arrayanes, donde se desempeñó como operaria en el
área de Bodega o Poscosecha (adonde van las flores después de ser
cortadas), clasificando alrededor de mil flores por hora, entre
astromelias, claveles y otras variedades, durante seis años.
En
el año 95 comenzó a trabajar en otra empresa, cumpliendo la misma
labor, y el contraste con una primera buena experiencia en flores fue
enorme. “Yo conocía niñas a quienes las echaron porque no podían
quedarse las horas extras y les gritaban: se van ya, ya, ya. Groseros,
altaneros, y muchas veces a uno le toca agachar la cabeza por la
necesidad del empleo”.
Fue
allí donde tuvo el accidente laboral que dio inicio a una dolencia en
la columna que hoy mantiene la mitad de su cuerpo paralizado. Después de
su primera cirugía, ella debía ser reubicada en una labor que le
implicara un mínimo esfuerzo físico para recuperarse satisfactoriamente.
La
reubicación nunca llegó, la dolencia continuó y se hizo más grave, y
despertó de una segunda cirugía sin sensibilidad en la mitad izquierda
de su cuerpo.
Hoy
está a punto de recibir la pensión por invalidez, después de cuatro
años de papeleo y pleitos con la Empresa, el Ministerio de Protección
Social y la ARP. Además de esto, los empleadores le deben salarios por
incapacidad y el reconocimiento de la indemnización por el grave
perjuicio que le causaron.
Por dignidad
“Mi
nombre es Diana María Goyeneche Pérez (2). Nací en Charalá (Santander),
cuna de José Antonio Galán. Mi mamá murió cuando yo tenía 9 años. En mi
juventud, viví en la Casa-Hogar de la Joven en Cúcuta y trabajé en una
fábrica de calzado desde los 16 años. Luego me gradué como bachiller
técnica comercial.
“A
los 21 años tuve mi primer hijo, y mi hermano, que trabajaba como
supervisor en una finca de flores, me dijo que me viniera a Tocancipá a
trabajar. Llegué en 1998 y entré a trabajar en cultivo de clavel, regar,
sembrar, empiolar. Luego pasé a poscosecha. Allí me exigían empacar 10
ramos por hora (cada ramo equivale a 25 tallos).
“En
2005 entré a trabajar en Flores Singha como operaria de cultivo. La
empresa estaba naciendo. Allí siempre trabajé en cultivo, en labores de
corte, y el rendimiento que exigían era cortar 200 rosas por hora, luego
subió a 240.
“Allí
trabajamos con una excelente ingeniera que tenía mucha calidad humana,
sobre todo con las mujeres, pero luego fue reemplazada por el ingeniero
César Agudelo, con quien se me presentaron muchos problemas.
“Un
día comencé a presentar el síndrome del Túnel del Carpio y tuve que
recibir tratamiento por ocho días. Cuando volví, me ubicaron en el
cultivo donde tenía que desarrollar labores muy duras, tuve que estar
seis meses arrodillada.
“Luego
empezó el hormigueo y la inflamación, y aún así no me reubicaron en una
labor de menor esfuerzo sino que me mandaron a poscosecha a una labor
muy pesada. Por el frío me empeoré; y aunque la Administradora de
Riesgos Profesionales, ARP, visitó la empresa y recomendó mi traslado a
otra labor, ellos hacían caso omiso. El ingeniero me dijo: ‘Este es un
negocio y aquí el que no produce se va...’.
“Finalmente
logré la reubicación y me pusieron en el aseo, cuidaba las plantas y
limpiaba los alrededores de la oficina. Un día el ingeniero hizo una
reunión para proponer que trabajáramos los domingos en lugar de los
sábados. Yo les dije a mis compañeros que no firmaran eso porque perdían
los dominicales, y eso contaba para la liquidación y cesantías.
“Entonces
el ingeniero me dijo: ‘Por norma de la Empresa, y la Empresa soy yo,
usted sólo va a lavar los baños y luego se va a parar en frente de la
oficina sin poder hablar con nadie’. Mis compañeros lloraban de verme
ahí, y a mí me dio síndrome de depresión profunda. Un día vino de visita
el dueño de la Empresa y me vio ahí parada y no dijo nada. Así estuve
durante cinco días.
“Entonces
yo puse la queja en la Personería Municipal por violación a los
derechos humanos, y el Personero le remitió ese caso a Asocolflores
(Asociación Colombiana de Exportadores de Flores) y al Ministerio de
Protección Social. Yo misma le dije al gerente que había demandado a la
Empresa. Él me ofreció plata y me dijo que detuviera el proceso. Yo le
dije que no era por plata sino por dignidad”.
La lucha por organizarse
Cuando
comenzaron a trabajar en las flores, las y los miembros de
Sintrasplendor no imaginaron que sus voces y testimonios serían
escuchados por muchas personas en Colombia y otros países. Tampoco, que
haber logrado que su empresa eliminara el sistema del trabajo en línea
los llevaría a una lucha que aún hoy mantiene con C.I. Splendor Flowers,
empresa del grupo Dole, en Colombia.
Hace
tres años, 25 trabajadoras y trabajadores de C.I. Splendor Flowers
dieron origen al sindicato Sintrasplendor, organización sindical
autónoma que llegó a tener casi 1.000 afiliadas y afiliados.
Sintrasplendor hace parte de Untraflores, sindicato de industria que
nació en 2001 con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las y
los operarios, apelando a las leyes que amparan sus derechos laborales y
a los buenos resultados económicos que arroja su esmero diario.
La
primera batalla de Sintrasplendor fue por el registro sindical, que
sufrió todo tipo de obstáculos en el Ministerio de Protección Social
pero que finalmente obtuvo a finales de 2005. Entonces comenzó la pugna
por la negociación colectiva de la convención. La Compañía, apelando a
una vieja práctica antisindical del sector, facilitó la llegada del
sindicato Sinaltraflor, reconocido por trabajadoras y trabajadores como
sindicato patronal, con la intención de dividir y dificultar la
negociación.
En
octubre de 2006 volvió a repetirse la historia, muchas veces contada en
el sector: la Empresa prefirió cerrar la finca que negociar el pliego
de peticiones, aduciendo dificultades económicas.
Con
ofertas de indemnizaciones más altas a cambio de su renuncia, Dole dejó
sin empleo a 2.300 trabajadoras y trabajadores de Splendor y asimismo a
otras decenas en varias de sus fincas de la Sabana de Bogotá. Las y los
dirigentes de Sintrasplendor prefirieron acudir a un tribunal de
arbitramento y mantener su batalla hasta el final. Hoy, la presidenta
del Sindicato aún espera la respuesta del Ministerio sobre este caso.
Con cara gano yo…
Colombia es el segundo exportador mundial de flores, después de Holanda, y el primer proveedor de Estados Unidos.
Según
la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores), en
2007 este renglón ocupó a 98.641 personas en forma directa y además a
83.533 de forma indirecta. Entre el 60 y el 65 por ciento de quienes
trabajan es personal femenino.
Pero
a pesar de los buenos resultados para los exportadores, que vendieron
1.000 millones de dólares en 2007, y del constante respaldo político y
económico que reciben en tiempos de crisis, las trabajadoras y
trabajadores comparten las pérdidas pero no las ganancias: el salario
promedio en el sector es el mínimo legal mensual $ 461.500 (230,7
dólares) que, como lo padecen muchas familias, no alcanza a cubrir las
necesidades de subsistencia.
La
estabilidad está constantemente amenazada por políticas empresariales
como la alta rotación y el despido a las mujeres en estado de embarazo,
pero también a los vaivenes cambiarios, climáticos o de la demanda, que
el año pasado dejaron sin empleo a cerca de 6.000 trabajadoras y
trabajadores en sólo dos empresas: Splendor Flowers y Flores de la
Sabana.
La
contratación a través de las mal llamadas ‘cooperativas de trabajo
asociado’ (CTA) y otros intermediarios caracterizan también la oferta de
enganche en el sector, lo que facilita incumplir los mínimos legales y
dificulta el ejercicio del derecho a la organización de quienes allí
laboran. En la floricultura prevalece no sólo la práctica antisindical
sino el ocultamiento de ella, a través de la promoción de sindicatos
patronales que no representan los derechos de trabajadoras y
trabajadores, y negocian a favor de los intereses empresariales.
Las
jornadas son extenuantes, especialmente en épocas como San Valentín,
cuando pueden extenderse hasta 20 horas, que para las mujeres terminan
convertidas en jornadas circulares, debido a que, además, siguen siendo
las principales responsables del trabajo doméstico no remunerado, lo que
prolonga una o dos horas diarias su jornada y obstaculiza, aún más, sus
derechos a la organización y la participación.
Las
exigencias de rendimiento oscilan, según la variedad y la empresa,
entre 250 y 300 tallos por hora en cuanto a corte, y 1.250 a 1.500 en
clasificación, lo que agrava los riesgos ocupacionales, tanto físicos
como químicos y biológicos, que representa el trabajo en esta actividad.
El
gremio exportador asegura que el 15 por ciento del sector está
sindicalizado, pero casi el total de este porcentaje obedece a
sindicatos de corte patronal cuyos representantes han negociado pliegos
de peticiones a espaldas del conjunto de afiliados y no han defendido a
trabajadoras y trabajadores por despidos injustos y otras sanciones.
Como en otras luchas que dieron origen a la celebración del Día de los
Derechos de la Mujer, los derechos de los trabajadores y las
trabajadoras de las flores están por concretarse, y debe persistirse
para hacerlos realidad.
1 El nombre de la trabajadora ha sido cambiado para proteger su identidad.
2 Tanto el nombre como los hechos que relata la trabajadora han sido divulgados bajo su consentimiento y con su autorización.
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Una historia sin tiempo
Septiembre de 2008
Una historia sin tiempo - Derechos Laborales en la Caña de Azúcar
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Por otra parte, el reciente informe de la Contraloría señala que los empleos formales que pueden atribuírsele a la Reforma Laboral ascienden "como máximo a 81.000 puestos de trabajo en áreas urbanas".2
Aprovechar
el debate actual para que toda la propuesta de reforma pensional sea
revisada aplicando el criterio de equidad de género.
Aplicar un régimen especial para las mujeres con carreras laborales interrumpidas.
Promover
que los fondos privados de pensiones no calculen el monto de la pensión
sobre la expectativa de vida. Dado que es mayor para las mujeres, esto
ocasiona que reciban mesadas menores.
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Una historia sin tiempo
Septiembre de 2008
Una historia sin tiempo - Derechos Laborales en la Caña de Azúcar
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¿Cuánto vale el trabajo de la mujer?
29 de octubre de 2004
Las
mujeres han entrado masivamente al mundo del trabajo pero en condiciones
precarias. La campaña sobre derechos laborales de las mujeres que se
realiza en 12 países busca que en Colombia se revisen los efectos de la
última reforma laboral.
Hemos enterrado todos nuestros sueños. Nuestra única
preocupación para el futuro, es asegurarnos que no les pase lo mismos a
nuestras hijas Ana, trabajadora de la confección hondureña.
Mientras que una trabajadora de flores en Colombia corta o empaca
flores en un cultivo de la sabana de Bogotá, una trabajadora de textiles
en la provincia de Guandong, China cose la ropa que venderán marcas
como Tomy Hillfiger o Levis, en Europa y Estados Unidos.
Un estudio realizado por la organización Oxfam Internacional: Más por
menos, el trabajo precario de las mujeres en las cadenas de producción
globalizadas, recogió evidencias a través de más de 1000 entrevistas en
12 países acerca de dos sectores de las exportaciones mundiales: las
agroindustrias y los textiles. Su principal conclusión: entre el 60 y el
90% del personal que se desempeña como operario en fábricas de textiles
y productos agrícolas son mujeres. Su vinculación como mano de obra no
calificada se utiliza para reducir costos de producción.
Las mujeres están dispuestas a trabajar por menos ingreso,
especialmente si está de por medio la subsistencia de sus familias,
temen más a la organización por la amenaza del despido y son sometidas a
prácticas de acoso sexual bajo amenaza de perder sus puestos de
trabajo. Esto significa que el tipo de empleo al que están accediendo
las mujeres, no garantiza la superación de la inequidad y no contribuye a
reducir su pobreza.
Estas reflexiones suscitaron la campaña "Comercio con Justicia: Mis
derechos no se negocian" lanzada en el primer semestre de 2004 en 12
países de Asia, África, Europa, Norte y Sur América.
En Colombia, y con la participación de 50 organizaciones nacionales y
regionales, el tema escogido fue la reforma laboral y los efectos
diferenciados que tuvo en el ingreso y el bienestar de las mujeres. Esta
reforma ha sido una clara evidencia de cómo las legislaciones
nacionales privilegian los criterios de competitividad y crean climas
favorables para algunos sectores, principalmente exportadores, aún
cuando esto signifique retroceder en los derechos y el bienestar de la
mayoría de la población.
Quién manda aquí
En el 2002, el Fondo Monetario Internacional FMI, condi- cionó los
nuevos préstamos por parte de esta entidad al Estado colombiano, a que
este se comprometiera a la reducción de los costos de mano de obra,
alargando la jornada laboral y recortando el recargo que reciben las y
los trabajadores por dominicales y festivos, así como el valor de las
indemnizaciones por despido sin justa causa. La adopción de esta medida
se tradujo en la más reciente reforma laboral.
En los últimos 14 años del proceso de adaptación de las leyes
nacionales a las demandas del comercio internacional, las y los
trabajadores colombianos han ido perdiendo varias certezas: la de un
contrato a término indefinido que permita ahorrar y planear el futuro,
la de una pensión que al final de la vida compense el aporte a la
construcción de un país, la de un ingreso con el que sea viable educarse
y educar a las familias, acceder a una vivienda digna y a la
recreación.
Esta ola de recortes coincide con otro fenómeno: el ingreso de miles
de mujeres al mundo del trabajo. Entre 1990 y 1998, la incorporación
femenina al mercado laboral colombiano pasó del 47 al 52%.
Hoy, hay más mujeres que quieren trabajar, más mujeres que lo
necesitan porque contribuyen o sostienen la economía familiar, pero al
mismo tiempo es mayor el desempleo femenino. Entre 1994 y 2000, creció
12 puntos porcentuales mientras que el masculino creció 8. Es así como
la pérdida de garantías laborales, unida al incremento de los hogares
con jefatura femenina, ha puesto a las mujeres entre la espada de
aceptar un trabajo en condiciones precarias y la pared del desempleo.
Más horas, menos pesos
La reforma laboral redujo en 25% el pago por dominicales y festivos, y
aumento la jornada diurna en cuatro horas. Esto significó para las y
los trabajadores, una reducción en el ingreso mensual de $50 a $60 mil.
Esta realidad, sensible para todos los trabajadores, tiene unas
afectaciones más profundas en el caso de las mujeres que se derivan de
las siguientes realidades:
Las mujeres ganan menos que los hombres. Como lo indica el Dane-Pnud,
el salario promedio femenino es 14,28% inferior al masculino, y el 80%
de las mujeres colombianas ganan menos de dos salarios mínimos
mensuales.
Esta discriminación en el ingreso se debe, principalmente, a que aún
hoy las mujeres trabajan en actividades u oficios subvalorados y
considerados típicamente femeninos. Un caso específico en Colombia es el
servicio doméstico. Según cifras de 1999, 95% en el área urbana y 92.5%
en el área rural de quienes se ocupan en esta categoría son mujeres.
Datos de 2001, muestran que las mujeres se ocupan más en el sector
servicios, el comercio y la industria. La ecuación se invierte cuando se
trata del sector financiero, el que concentra mayor riqueza, donde la
participación masculina es mayoritaria.
Por grupos de ocupación se mantiene la tendencia de las mujeres en
áreas administrativas. En cuanto a la ocupación de profesionales y
técnicas, a nivel rural el 56% son mujeres y a nivel urbano 47%. Para el
caso de personal directivo se aprecian diferencias significativas. En
la zona rural las mujeres sólo ocupan el 28% del total de puestos
directivos y, a nivel urbano, el 38%.
Siguen siendo responsables del trabajo no remunerado para la
sobrevivencia diaria y generacional de sus familias. Según la CEPAL, las
mujeres dedican mayor tiempo que los hombres a estas actividades no
remuneradas lo que les significa jornadas de trabajo más largas, en
detrimento de sus niveles de salud, nutrición, participación ciudadana y
recreación1. Se calcula que las mujeres emplean entre 5 y 6 horas
diarias en las labores domésticas.
Su ingreso contribuye de manera importante o sostiene la economía
familiar. El estudio Más por menos..., muestra cómo, por ejemplo, el 95%
de las mujeres trabajadoras de las flores, aportan con su salario a la
economía familiar de la cual dependen en promedio 4 o 5 personas. En el
39% de los casos, su salario es el único sostén económico familiar.
Tienen mayores dificultades para la organización Formas inestables y
flexibles de contratación, reducción de salarios, ampliación de jornadas
y carga doméstica traen como consecuencia una limitación real para que
las mujeres se organicen en defensa de sus derechos y obtengan
protección. La afiliación sindical de las mujeres es mínima, según lo
indica la CUT.
¿Y dónde está el empleo?
La reforma laboral fue presentada como una política de generación de
empleo que será sometida a una evaluación sobre su eficacia en
diciembre. El balance, hasta el momento, indica que bajo la fórmula de
recortar salarios y promover la alta rotación de personal, no se avanza
en la generación de nuevos puestos de trabajo.
Un estudio del Observatorio del Mercado de Trabajo de la Universidad
Externado de Colombia, concluye que, sólo 1.7 % del total de empleos
generados son efecto de la reforma laboral.
Por otra parte, el reciente informe de la Contraloría señala que los empleos formales que pueden atribuírsele a la Reforma Laboral ascienden "como máximo a 81.000 puestos de trabajo en áreas urbanas".2
En cuánto a la pregunta de qué ha pasado con las mujeres en materia
de generación de empleo, el interrogante sigue abierto: las evaluaciones
citadas no incluyen cifras ni análisis desagregados por género.
Con base en estas realidades la campaña en Colombia ha hecho las
siguientes peticiones que respaldará con 20 mil firmas que ya están en
proceso de recolección:
Que la comisión de seguimiento y verificación de las políticas de
generación de empleo que creó la Ley 789 de 2002, evalúe los impactos
negativos de la reforma laboral en la profundización de la
discriminación y la pobreza de las mujeres, y para ello consulte a las
organizaciones de mujeres.
Y que el Congreso de la República legisle en concordancia con los
compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano en
materia de derechos laborales y superación de la discriminación contra
las mujeres3.
Después de tanto trabajar....
Hoy, sólo el 40% de la población femenina está afiliada a un sistema
de salud y de cada 100 mujeres que trabajan sólo 39 están el algún fondo
de pensiones.
En este sentido, surgió la segunda preocupación de la campaña en
Colombia: La reforma constitucional que cursa en el Congreso y que busca
modificar el régimen de pensiones.
El acto legislativo se propone introducir el pilar de la
sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. Para ello apunta a
los siguientes recortes: eliminación de regímenes especiales -con
excepción de las Fuerzas Armadas- y de las pensiones por encima de 25
salarios mínimos, supresión de la mesada 14, y prohibición de pactar
acuerdos pensionales dentro de las Convenciones Colectivas por encima de
la Ley.
El régimen pensional ya excluye al 80% de la población colombiana, es
decir a quienes no cuentan con estabilidad laboral e ingresos que les
permita reunir los aportes necesarios para un ahorro individual.
Para quienes aún cuentan con un trabajo estable y posibilidades de
organización, el acto legislativo propuesto limita en la práctica el
derecho de asociación reconocido por Colombia en Convenios
Internacionales de la OIT, al impedir que se pacten condiciones de
pensión más favorables que las de ley.
En el caso de las mujeres, su mayor propensión a estar en el sector
informal, sumada a mayores interrupciones en su vida laboral y bajas
remuneraciones, limitan aún más su posibilidad de contar con una pensión
o hacen que el monto de sus mesadas sea proporcionalmente menor que las
de los hombres.
En cuanto a la desaparición de los regímenes especiales, tres de los
sectores "privilegiados" con condiciones que facilitan de algún modo el
acceso a la pensión son ocupados mayoritariamente por mujeres: la
educación, los hogares comunitarios y el servicio doméstico.
Recientemente, el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, declaró
ante los medios de comunicación que estaba a favor de la igualación de
la edad de pensión entre hombres y mujeres. Como lo estableció la Corte
Constitucional en su sentencia de 1994, la diferencia de edad que
permite a las mujeres pensionarse 5 años antes, es una medida de
discriminación positiva que compensa, y contribuye a corregir una
situación de inequidad.
Con base en estas conclusiones, la campaña ha llevado al Congreso las siguientes propuestas en materia pensional:
Aprovechar
el debate actual para que toda la propuesta de reforma pensional sea
revisada aplicando el criterio de equidad de género. Aplicar un régimen especial para las mujeres con carreras laborales interrumpidas. Promover
que los fondos privados de pensiones no calculen el monto de la pensión
sobre la expectativa de vida. Dado que es mayor para las mujeres, esto
ocasiona que reciban mesadas menores.
Mediante acciones de movilización, foros públicos, acciones
regionales e incidencia en el Congreso, la campaña "Comercio con
Justicia: Mis derechos no se negocian" espera recoger como frutos, una
opinión pública y unas instituciones más conscientes del aporte de las
mujeres a la construcción de la sociedad desde su rol público y privado,
y de las respuestas que demanda esta realidad.
De igual manera, busca llamar la atención sobre la relación que
existe entre las dinámicas del comercio internacional y los derechos
laborales de las mujeres, como uno de los indicadores de la oferta de
trabajo, vida y sociedad que nos hacen los defensores del mismo modelo
de economía que hoy pretende renovarse con el TLC.
Como afirma la Contraloría en su informe sobre Política Social, «la
postergación laboral y la inserción de los trabajadores (y trabajadoras)
en empleos precarios y de mala calidad son fuente inagotable de
conflictos. Por el contrario, la garantía de empleo, ingresos
suficientes para la población económicamente activa contribuyen a la
reducción efectiva de la violencia. La seguridad de un ingreso
permanente eleva los grados de participación social y profundiza la
democracia».
1 CEPAL "Panorama social de América Latina 2002-2003".
2 Contraloría General de la república, Informe de Gestión Social 2004.
3 Dichos compromisos se consagran en los diferentes Pactos de
Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, y de
manera particular, en la Convención Contra Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) que de conformidad con el
artículo 93 de la Constitución Política, son de imperativo cumplimiento y
se entienden incorporados a la Constitución misma.
Una flor para mascar...
Un caso específico de crecimiento en las exportaciones que no se
traduce en mejores condiciones de trabajo es el sector de la
floricultura, primer renglón de exportaciones no tradicionales del país y
uno de los privilegiados del modelo aperturista. Hoy el sector
representa 3% del PIB. En el último año las exportaciones de flores
llegaron a 670 millones de dólares. Dos de cada tres flores vendidas en
Estados Unidos son colombianas.
Las flores son la principal fuente de empleo en los municipios de la
Sabana y Oriente Antioqueño donde se concentra la mayor parte de la
producción nacional. Esta actividad ocupa cerca de 90.000 personas, 65%
de las cuales son mujeres y su ingreso promedio es el salario mínimo.
Son frecuentes la subcontratación, el empleo temporal y recientemente la
incorporación de personal a través de Cooperativas de Trabajo Asociado,
como formas de reducir aún más los costos laborales.
Este sector es uno de los que ha manifestado su respaldo a la firma
del Tratado de Libre Comercio, TLC, que le significa obtener
permanentemente las ventajas que obtuvo en los últimos 14 años, gracias a
la Ley estadounidense de preferencias arancelarias, ATPDEA, que le
permite al sector ingresar sus productos sin pago de arancel.
En: http://www.voltairenet.org/article122594.html
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